El plano de la Traza del Pueblo de Juárez, fechado en 1874, no solo registra una operación topográfica. Es, ante todo, una herramienta de normalización del espacio, una forma gráfica de proyectar un orden que no surge de la vida rural previa, sino que le es impuesto desde el poder estatal en alianza con los intereses agrarios y comerciales de la región.
Lo primero que salta a la vista es la retícula regular de manzanas perfectamente cuadradas, dispuestas con simetría cartesiana. Esta cuadrícula responde al modelo colonial hispano adaptado a la lógica moderna del loteo capitalista: el suelo se transforma en módulo, la tierra en propiedad divisible y vendible. Cada manzana es potencial valor de cambio, y en conjunto, el trazado es la condición de posibilidad para una futura valorización del suelo. Es decir, el plano produce el espacio que luego será mercantilizado.
Espacio abstracto vs. territorio vivido
Nada en esta traza remite al uso real del suelo por parte de los habitantes originarios, ni a la experiencia de los gauchos, peones o pequeños productores previos. Las lagunas, los cursos de agua y los accidentes naturales están apenas señalados como obstáculos a vencer, y no como elementos que modelaban la vida cotidiana. Este plano borra la topografía social y simbólica preexistente para imponer una lógica geométrica.
Como advierte David Harvey, el capital requiere un “espacio abstracto”, homogéneo, intercambiable, despojado de singularidades, sobre el que se pueda planificar, medir, dividir y vender. En esta traza, el espacio pierde historia y se convierte en superficie neutral: el mapa precede a la ciudad, la lógica mercantil precede a los cuerpos. El ejido urbano es así una forma de anticipación territorial del capital.
Centro, periferia y jerarquización espacial
Otro elemento a destacar es la presencia de una zona central coloreada en rojo (núcleo urbano inmediato), rodeada por un anillo verde (posible zona de quintas o primer cinturón productivo), y más allá, el loteo extensivo. Esta zonificación progresiva expresa una jerarquía funcional y simbólica:
- En el centro se instalarán las instituciones del Estado, la plaza, la iglesia, la comisaría, la escuela y los comercios principales. Es decir, los aparatos de control, socialización y disciplinamiento.
- En la periferia inmediata, las funciones productivas semiurbanas: huertas, quintas, tambos.
- Más allá, el campo, ordenado en parcelas numeradas, disponibles para la venta o el arrendamiento.
La estructura espacial impuesta reproduce la jerarquía social esperada: los “notables” en el centro, los trabajadores en los márgenes, los indeseables fuera del plano. El plano no solo ordena calles: ordena cuerpos y relaciones sociales.
Nombres, escrituras y el poder de nombrar
Otro aspecto clave es la inscripción de nombres en los bordes del plano: Martín Iraola, Ventura Valls, Felipe y Agustín Vela. Esto indica los propietarios del entorno al momento del trazado, en una época en la que el acceso a la tierra era prerrogativa de los grandes estancieros. El plano consagra así la alianza entre Estado y propiedad privada, y lo hace de forma aparentemente neutral, técnica, científica.
Pero como bien sabemos, nombrar es dominar. Nombrar el suelo, trazarlo, dividirlo y numerarlo es apropiarlo desde el discurso del poder. Como afirmaba Foucault, el conocimiento técnico no es neutral: es parte del dispositivo de gobierno. Y en este plano, lo que aparece como saber cartográfico es en verdad un acto de ordenamiento político.
Los documentos municipales que registran este proceso — actas, intercambios con el gobierno provincial, debates sobre el terreno — permiten leer la fundación del pueblo no como un dato, sino como una lucha. En su centro aparece la figura de Mariano Roldán, quien ya no actúa solo como juez de paz o propietario estanciero, sino como mediador entre el Estado y el territorio, como agente articulador de una racionalidad política y productiva que busca cristalizarse en forma urbana.
El pueblo como necesidad política del capital
En 1869, el partido de Juárez no superaba los 2.000 habitantes. Las cuentas municipales reflejan un equilibrio precario: traslados de presos, cartas a la frontera, infracciones de abigeato, pagos a chasques. Es un orden que todavía funciona por mecanismos de frontera, rurales, dispersos, más ligados a la urgencia que a la planificación. Pero ya se vislumbra la necesidad de un centro: un lugar para asentar autoridad, concentrar funciones administrativas, codificar los intercambios, registrar los nacimientos, las muertes, las propiedades.
Entre la topografía y la política: el conflicto por la fundación del pueblo
La creación del Pueblo de Juárez no fue un acto técnico neutral ni un proceso espontáneo guiado por la racionalidad administrativa. Fue, por el contrario, el resultado de una disputa prolongada entre distintas racionalidades de organización territorial, de intereses políticos, tensiones entre el Estado provincial y las autoridades locales, y entre saberes técnicos y vínculos comunitarios. La figura de Mariano Roldán, en este punto, resulta clave no sólo como fundador del partido, sino como mediador entre el poder central y los habitantes de la frontera, entre la lógica del plano y la vida concreta.
Entre la “idea acariciada” y el plano del Departamento Topográfico
Los documentos revelan que ya en 1869 existía entre los vecinos una “idea acariciada” con entusiasmo: fundar un pueblo cabecera que sirviera de asiento a las autoridades y diera cohesión al territorio disperso. El crecimiento de la población, el incremento de actividades comerciales y la necesidad de contar con instituciones permanentes lo hacían imprescindible. Sin embargo, el espacio aún estaba cruzado por inestabilidad fronteriza, comunicaciones precarias y formas de vida rurales descentralizadas.
La propuesta inicial de ubicar el pueblo en cercanías de la Sierra La Tinta fue rechazada por razones técnicas: la dificultad del acceso al agua y la inconveniencia para la futura instalación de la vía férrea. El Departamento Topográfico — órgano técnico del Estado provincial — impuso su racionalidad sobre las decisiones comunitarias, desconociendo los vínculos afectivos y económicos que los vecinos tenían con determinados parajes. Esto generó un fuerte malestar en Roldán, que culminó en su renuncia a la presidencia de la Comisión Municipal en 1870.
La política como cartografía: el conflicto del lote 62
La negativa del gobierno a aceptar el lote Nº 62 (Ignacio Lara) como lugar de asentamiento muestra con claridad que la elección del sitio para un pueblo no era una decisión local, sino una operación política sobre el territorio. El Estado, a través del Departamento Topográfico, se reservaba el derecho de determinar qué espacio era apto para el pueblo, sobre la base de criterios técnicos y estratégicos, que respondían a lógicas de control y valorización futura. La opinión de los vecinos era relevante, pero no soberana. En este gesto se revela lo que David Harvey señala con claridad: “el capital necesita producir un espacio homogéneo”, incluso contra la voluntad local, para garantizar su reproducción.
Roldán como figura bisagra: entre el plano y el afecto territorial
Roldán insistió en ser parte del proceso, incluso tras su renuncia, participando activamente en la selección del nuevo terreno. El 4 de septiembre de 1870, junto con vecinos caracterizados, recorrieron y excavaron los terrenos propuestos con pala en mano. Finalmente eligieron, por unanimidad, el paraje San José de Iraola, zona en la que previamente había existido un cantón militar, y que ofrecía mejores condiciones de agua y accesibilidad.
Este acto, aparentemente anecdótico, condensa una forma distinta de conocer y organizar el espacio. A diferencia de la lógica del plano — geométrica, distante, numérica — , aquí el territorio se decide con el cuerpo, con el conocimiento práctico, con el juicio colectivo. Es, si se quiere, la “cencia” de los pobladores frente a la ciencia del agrimensor. No es casual que Roldán, que ya había sido militar, juez de paz y estanciero, se entregue con tal determinación a esta causa: para él, la fundación del pueblo era también una forma de consolidar el legado político del partido.
La fundación como proceso, no como acto
La fecha oficial de fundación del pueblo — 26 de marzo de 1874 — no refleja un hito aislado, sino el punto culminante de un proceso tenso, intermitente y cargado de resistencias. Entre 1871 y 1874, las dilaciones en el arribo del agrimensor José M. Muñiz, el malestar vecinal y la presión constante de los representantes locales dan cuenta de un ejercicio político sostenido de disputa territorial.
El plano de Muñiz no aparece, entonces, como la solución técnica a un problema logístico. Es, más bien, el cierre estatal de una controversia abierta. Cuando finalmente se aprueba el trazado, se homologa también una forma específica de ver, dividir y administrar el suelo. Se consagra un orden: el de las parcelas medidas, numeradas y vendibles; el de las calles con nombre y destino funcional; el de una ciudad planificada no desde la vida que la habita, sino desde los intereses que la gestionan.