Cantones y tolderías

Combate de San Antonio de Iraola (1855)

La expansión de la frontera sur bonaerense durante la primera mitad del siglo XIX se sostuvo en un entramado de fortines, cantones y fuertes que funcionaron como puntos de avanzada militar, control del territorio y disciplinamiento de la población rural. Entre esos dispositivos de control, el cantón ubicado junto a la estancia San Antonio operó como un núcleo de vigilancia, reclutamiento y sociabilidad, inserto en una frontera que no era una línea estática, sino un espacio permeable de conflictos, intercambios y tensiones.

El paisaje como archivo

San Antonio desde el aire · hacia 1930

AguaVigilanciaPropiedad

Lagunas y aguadas organizan recorridos, descansos y posibilidades de vida en la llanura.

Ilustración 45 La imagen aérea de la laguna y la estancia San Antonio, tomada hacia 1930, revela un paisaje que oculta bajo su serenidad aparente las huellas de la frontera sur bonaerense, donde las tolderías, las patrullas y los cercos de las estancias disputaron territorio, libertad y el agua en la expansión capitalista sobre la llanura.

Desde el aire, en esta imagen tomada hacia 1930, se despliega la laguna y la estancia San Antonio como un tapiz de pastos, espejos de agua y manchones de monte implantado que marcan las líneas de propiedad y de trabajo humano sobre la planicie. Se distingue, en la inmensidad horizontal, la geometría irregular de las chacras y los rectángulos oscuros de las cortinas de álamos y eucaliptos, que resguardan del viento a los ranchos y a los galpones blancos, visibles como puntos diminutos en el horizonte, testimonios de una historia de cercamientos y apropiaciones.

Bajo esta serenidad aparente se encuentran las huellas de un pasado de violencia, disciplinamiento y disputa. Este paisaje, que hoy puede parecer calmo, fue espacio de frontera y de tensión: la laguna era lugar de paso de tolderías, de aguadas utilizadas por las partidas indígenas y de recorridas de patrullas criollas que vigilaban el horizonte en busca de rastros de caballadas y humaredas. Los espejos de agua, que reflejan el cielo sin sobresaltos, funcionaban como puntos estratégicos en la geografía de la frontera, disputados por las comunidades indígenas que encontraban allí recursos vitales y por las autoridades militares y los y las estancieras que avanzaban con el alambre y la lanza en mano, dispuestos a consolidar un orden que permitiera transformar la tierra en mercancía.

En este espacio se erigía el cantón San Antonio, no como un fortín de empalizadas y torreones, sino como un rancho rodeado por un foso y con un cañón de aviso que perforaba el silencio del desierto para ser escuchado a treinta kilómetros de distancia. Este cantón se articulaba con la empalizada de la estancia misma, recordando que la defensa de la frontera era, en definitiva, la defensa de la propiedad privada en expansión y de la consolidación de un orden capitalista sobre el territorio pampeano.

Aquí, las milicias de Otamendi resistieron el avance de Yanquetruz, y en esas mismas tierras los gauchos eran reclutados bajo el imperio de la ley de vagos, forzados a servir en patrullas, a trabajar en las chacras de los coroneles locales y a sostener con su fuerza de trabajo las estructuras de las estancias que, como esta, se alzaban sobre el despojo y la violencia. Este espacio, donde se superponen las huellas de las tolderías, las rutas de arreos, los fogones de las partidas y los cercos de las estancias, constituye un escenario material que permite comprender las condiciones de existencia del gaucho y de las comunidades indígenas en la frontera bonaerense.

Las aguas de la laguna San Antonio, hoy quietas, guardan la memoria de un tiempo en que la frontera se vivía como tensión cotidiana, en que la vista del centinela se dirigía hacia el horizonte bajo la luz de la luna y en que el estruendo de un cañonazo rompía la noche para anunciar la inminencia de un ataque o el paso de una partida de maloneros.

Este capítulo se propone recuperar esa historia vivida en la frontera, vinculando las experiencias de Martín Fierro, atrapado en el fortín Miñana, con las de los y las jóvenes reclutadas en el cantón San Antonio; comprendiendo que el espacio geográfico que hoy observamos desde el aire fue, en el siglo XIX, escenario de la disputa por el orden, por la tierra y por la libertad, bajo un régimen de disciplinamiento que consolidaba el avance del capital en la pampa húmeda.

El cantón de San Antonio no era un fortín en el sentido estricto que transmiten las imágenes más comunes. Era, en esencia, un rancho con paredes de adobe, rodeado por un foso, un brocal y un cañón de aviso. Este cañón no se utilizaba para la defensa directa, sino para lanzar un disparo que resonaba en la madrugada del desierto, de modo que su estampido pudiera escucharse en el fortín más cercano, ubicado a unos treinta kilómetros de distancia. La ausencia de empalizada en el cantón obligaba a que, en caso de ataque, se utilizara la empalizada de la estancia San Antonio como espacio de defensa, como sucedió en la madrugada del 13 de septiembre de 1855, cuando las milicias de Otamendi se enfrentaron a Yanquetruz.

Este dato reviste importancia para comprender las dinámicas de la frontera, pues la defensa en estos espacios no se sostenía exclusivamente en la fortificación militar, sino que se entrelazaba con la infraestructura de las estancias. El límite entre la esfera estatal y la privada se desdibujaba, mostrando cómo la defensa del territorio era, en última instancia, la defensa de la propiedad y de la expansión del orden estanciero en articulación con el poder militar.

El cantón funcionaba como un espacio de control territorial y vigilancia, pero también como un ámbito de sociabilidad donde se reunían soldados de línea, milicianos reclutados entre los y las pobladoras de la zona y lanceros indígenas aliados. Allí se organizaban patrullas, se velaban las armas durante la noche y se transmitían relatos de incursiones, presencias de malones y avistamientos de columnas de humo en el horizonte.

Como en El gaucho Martín Fierro, donde Hernández describe con crudeza la injusticia de las levas y el sometimiento del gaucho a la frontera, el cantón operaba como un engranaje de disciplinamiento social, donde la ley de vagos y mal entretenidos se utilizaba para reclutar forzosamente a hombres jóvenes bajo el argumento de la defensa frente a los malones.

Una de las contribuciones de la investigación arqueológica reciente ha sido subrayar que estos espacios no se limitaban a la función defensiva frente a los ataques indígenas, sino que, en muchos casos, operaban como centros de disciplinamiento de la población rural y de introducción de formas de trabajo capitalistas en la región pampeana.

En palabras del arqueólogo Facundo Gómez Romero, los fortines y cantones deben entenderse en el marco de la inserción del capitalismo en las pampas, en un contexto donde la mano de obra disponible —el gaucho— vivía con autonomía relativa, obteniendo medios de subsistencia mediante la caza, la cría de ganado propio y la circulación libre por el territorio^[112]. Frente a esta realidad, el poder buscó disciplinar al gaucho a través de dos mecanismos: su incorporación como peón en las estancias y su reclutamiento en los cantones y fortines.

La frontera, en este sentido, se consolidó como un espacio de reconfiguración de las relaciones de trabajo, donde los hombres eran obligados a aprender prácticas de disciplina y obediencia bajo la forma de patrullajes, trabajos de mantenimiento de las instalaciones, recolección de leña y pasto para los caballos y actividades rutinarias de control del ganado y la circulación de personas. El sistema de guardias y las recorridas entre los fortines cercanos configuraban un panóptico territorial, donde el control se ejercía tanto sobre el enemigo externo como sobre los y las pobladoras rurales.

La "descubierta", práctica habitual en la frontera, consistía en el envío de grupos de milicianos a encontrarse con otros grupos provenientes de fortines cercanos, para intercambiar partes de novedades diarias, que rara vez variaban: se trataba de capturas de algunos animales o del avistamiento de movimientos lejanos. Esta monotonía, erróneamente descrita por testigos contemporáneos como una "barbarie monótona", implicaba, sin embargo, una forma de organización que anticipaba las disciplinas del trabajo capitalista en el campo bonaerense.

La geografía física y humana de la frontera en Azul, tal como la reconstruye Florángel Turón, constituye un escenario que permite comprender de manera más concreta las experiencias vividas por Martín Fierro en el fortín, así como las de otros gauchos forzados a servir en cantones como el de San Antonio^[113]. La autora subraya que el fortín y el cantón, junto a la estancia y la pulpería, conforman los tres espacios fundamentales en el devenir vital del gaucho en la frontera: la estancia, lugar de subsistencia con libertad relativa; el fortín, espacio de sometimiento bajo la forma de servicio militar obligatorio; y la pulpería, como reducto de sociabilidad y encuentro en un territorio de tensión y violencia permanente.

Turón sostiene que la experiencia de Martín Fierro en Azul se inscribe en la frontera concreta de 1870, en una zona de serranías, arroyos y pastizales donde se encontraban dispersas estancias como Santa Catalina y fortines como el Miñana. En este último, Melitón Fierro (nombre registrado en los documentos de época) habría cumplido su condena impuesta por la justicia de Monsalvo, bajo las órdenes de Álvaro Barros, siendo destinado a un fortín que más parecía una cárcel que un cuartel, en un lugar peligroso y alejado de la naciente población de Azul.

El fortín Miñana, al igual que el cantón San Antonio, carecía de una empalizada significativa y estaba rodeado por un foso que servía para resguardar animales y ofrecía una defensa precaria. Los ranchos de barro donde se alojaban soldados y milicianos se encontraban dispersos, fuera del cerco, de modo que, en caso de malón, hombres y animales pudieran concentrarse rápidamente en el núcleo de resguardo. A diferencia de otras construcciones militares con parapetos y garitas, estos cantones funcionaban como puntos de vigilancia y refugio transitorio, organizando patrullas y control de rastros en las inmediaciones más que como estructuras de combate sostenido. La precariedad del dispositivo defensivo dejaba expuesta a la población local, que debía recurrir a estancias fortificadas cercanas para una defensa efectiva durante los ataques.

Las condiciones de vida en el fortín y el cantón eran extremadamente duras y deshumanizantes. Turón ilustra cómo, en Azul, los soldados, entre quienes se encontraban gauchos reclutados por la fuerza, vivían en ranchos de barro, descalzos y vestidos con ropa precaria, realizando tareas de mantenimiento del foso, cuidando la caballada y, en muchos casos, trabajando en las chacras de los comandantes o coroneles locales, como Ventura y Matías Miñana.

El servicio militar en la frontera se articulaba con el disciplinamiento del gaucho, que, como bien explica Turón, provenía de una economía premercantil donde subsistía mediante la caza y la pequeña cría de ganado, manteniendo una vida de relativa libertad que chocaba con las necesidades del incipiente capitalismo agrario y con la inserción del espacio pampeano al mercado mundial. El Estado y la oligarquía terrateniente precisaban de esta mano de obra y, en consecuencia, utilizaban el fortín y el cantón como dispositivos de disciplina y control, modelando las conductas y hábitos de trabajo de los y las gauchas bajo las nuevas reglas del orden capitalista emergente^[114].

En este contexto, se comprende el testimonio de Fierro en el Canto III, cuando afirma:

¡Y qué indios, ni qué servicio;si allí no había ni cuartel!Nos mandaba el coronela trabajar en sus chacras,y dejábamos las vacasque las llevara el infiel.

La cita no es un mero recurso literario, sino que se corresponde con la práctica documentada en Azul, donde los coroneles Miñana enviaban a los milicianos a realizar trabajos en sus estancias mientras el servicio en el cantón se transformaba en una forma de trabajo forzado y gratuito, en un régimen de disciplina que se extendía a los cuerpos y a las rutinas de los y las jóvenes que allí quedaban reclutados.

La vida en estos cantones era de monotonía violenta, combinando momentos de espera, tedio y trabajo pesado, con la tensión de las alertas por malones y las prácticas punitivas internas, que incluían el estaqueo como forma de disciplina, como ocurrió en el cantón donde estuvo Fierro:

Los más viejos rezongaron,pero a uno que se quejóen seguida lo estaquiaron,y la cosa se acabó.

Este fragmento da cuenta del poder absoluto de las autoridades militares sobre los gauchos, en un espacio donde la ley se confundía con la arbitrariedad y donde el servicio militar obligatorio en la frontera operaba como un mecanismo de disciplinamiento y de inserción forzada al orden capitalista y estatal en expansión.

En las primeras luces de septiembre de 1855, un suceso de enorme carga simbólica y política sacudió la pampa bonaerense: la caída del contingente al mando de Nicanor Otamendi en el puesto de avanzada de San Antonio de Iraola frente a las lanzas del cacique Yanquetruz. Este hecho, con frecuencia presentado en las crónicas decimonónicas como un capítulo de heroísmo patrio, es aquí interpretado como un punto de inflexión en el largo proceso de imposición del orden estatal-capitalista en la frontera sur, en clave de lo que Daniel Feierstein conceptualiza como genocidio reorganizador^[115].

Para comprender el combate, es necesario situarlo en la dinámica fronteriza post-rosista (1852-1879), caracterizada por:

Fragmentación del poder criollo: Tras la caída de Rosas, las alianzas con caciques como Calfucurá o Yanquetruz se volvieron inestables. Buenos Aires, en conflicto con la Confederación Urquicista, carecía de recursos para controlar la frontera.

Autonomía indígena: Grupos tehuelches y ranqueles mantenían control sobre rutas ganaderas (ej. arreos a Chile) y territorios al sur del Salado, como Tandil o las Salinas Grandes.

Expansión estanciera: San Antonio de Iraola constituía en 1855 un enclave fronterizo asociado a una extensión de doce leguas y a la red patrimonial de José Gerónimo Iraola. La cadena jurídica exacta de esa tenencia —enfiteusis, transferencias y eventuales compras— requiere todavía ser reconstruida con la mensura y el expediente correspondientes. Pero bajo la superficie de sus pastizales se agitaban tensiones comprobables: la presencia de tolderías y circuitos de intercambio indígena, las alianzas precarias entre estancieros y caciques y las lógicas de la ganadería comercial en expansión.^[116]

El ataque de Yanquetruz a Tandil y San Antonio en 1855 respondió a esta tensión: los malones no fueron simples actos de "barbarie", sino estrategias de presión económica y política para negociar desde una posición de fuerza.

Durante ese septiembre de 1855, los caminos polvorientos de la región se poblaron de rumores sobre las incursiones indígenas que arreaban miles de cabezas de ganado. Un contingente bajo el mando de Otamendi, acompañado de húsares, marchó para reforzar la guarnición, encontrándose con una situación de extrema precariedad: las fuerzas destacadas se habían retirado, los fortines carecían de caballadas frescas y las noticias llegaban con retraso entre el Azul, Tandil, Tapalqué y San Antonio.

Oscar Julianelli, historiador y vecino de Juárez, ofrece en Un alarido en el desierto una narración detallada y vívida que nos permite recuperar no solo el episodio bélico, sino las lógicas de ocupación territorial, disciplinamiento y desposesión que signaron aquel momento^[117]. El enfrentamiento se desencadenó tras el rechazo violento de Otamendi a parlamentar con los emisarios de Yanquetruz, quienes, portando señales de tregua, buscaban negociar un paso seguro con el ganado arreado en sus correrías por Tandil y La Tinta. El gesto de romper la misiva del cacique, de mandar estaquear al emisario frente a sus propios ojos, fue interpretado por los indígenas como una afrenta intolerable. Lo que pudo ser una retirada negociada, se convirtió en un ataque furioso.

La madrugada del 13 de septiembre se tiñó de gritos, relinchos y disparos entre los postes del corral de palo a pique. Los caballos, enloquecidos, derribaron cercos y desordenaron las filas; los milicianos, inexpertos, disparaban en la confusión mientras las lanzas rompían el cerco, reclamando el paso del ganado y la sangre de quienes los habían humillado. Al mediodía, Otamendi y sus hombres yacían muertos, con excepción de unos pocos sobrevivientes gravemente heridos, testigos de un combate que fue descrito por cronistas como un infierno de polvo, miedo y acero.

En la superficie, la historia puede leerse como un episodio militar trágico; en la estructura profunda, se trata de un acto fundacional de violencia que consolidó la extensión del Estado sobre territorios indígenas y mestizos, destruyendo relaciones previas de organización social y territorial. Aquí opera el concepto de genocidio reorganizador de Feierstein, quien describe estos procesos como el reemplazo forzado de un grupo por otro, mediante la destrucción de su modo de vida, su cultura y su espacio. En este caso:

Objetivo militar: La derrota de Otamendi expuso la vulnerabilidad del Estado, acelerando la necesidad de una "solución final" (que culminaría con Roca en 1879).

Respuesta estatal: Tras el combate, Buenos Aires incrementó fortines y expediciones punitivas, avanzando en la militarización sistemática de la frontera.

Ganado como botín: Yanquetruz arreó 28.000 cabezas (20.000 previas + 8.000 de San Antonio) para comerciar en Chile. Esto refleja la economía interétnica que el Estado buscaba erradicar.

Tierras en disputa: La estancia San Antonio, en manos de Iraola, simbolizaba el avance criollo sobre territorios indígenas. Su destrucción fue un acto de resistencia territorial.

Demonización del enemigo: La prensa porteña (ej. La Tribuna) pintó a Yanquetruz como un "salvaje sanguinario", ocultando su intento de parlamentar (el emisario estaqueado por Otamendi).

Mártires de la civilización: Los soldados muertos fueron glorificados (funerales en Catedral), reforzando el mito de la "conquista necesaria".

El avance de las estancias, el alambrado, el uso del territorio para la producción lanar y, luego, bovina y cerealera, no habría sido posible sin este despliegue de violencia sistemática, justificada en el discurso de la "civilización" y la "seguridad". Lo que se presentó como un sacrificio heroico en defensa de la patria fue, en realidad, una fase en la imposición de un orden económico que transformó campos comunitarios en parcelas privadas, eliminando las tolderías, desplazando familias, arrasando con formas de vida y de ocupación del espacio que no encajaban en la lógica del capital.

Tras el combate, el Estado homenajeó a sus caídos con discursos y funerales solemnes, mientras se reforzaban guarniciones y se reclamaba mayor control de la frontera. Pero Yanquetruz y sus lanceros, tras la victoria, no se retiraron al vacío: se dirigieron a negociar el ganado con intermediarios en Bahía Blanca, Patagones y el Chubut, revelando la trama de intercambios y complicidades de frontera que subyace a las narrativas épicas de los partes militares.

El cacique tehuelche no era un mero "bárbaro", sino un líder que:

Negociaba desde la fuerza: Sus malones buscaban forzar acuerdos, como el acceso a mercados (Bahía Blanca, Chile).

Explotaba divisiones criollas: Aliado circunstancial de Urquiza, aprovechó la debilidad bonaerense post-Caseros.

Mantenía soberanía: Controlaba corredores ganaderos clave, integrando a tehuelches, pampas y ranqueles.

Su victoria en San Antonio fue efímera: la falta de unidad entre los cacicatos (Calfucurá, Catriel) y la superioridad logística criolla terminarían imponiéndose.

Así, la batalla de San Antonio de Iraola expone las contradicciones de un sistema que, mientras avanza sobre el territorio, reclama la violencia como herramienta de "orden". La violencia de Yanquetruz, lejos de ser simple barbarie, fue una respuesta a la imposición de un sistema que desconocía sus derechos, sus pactos y su dignidad. El gesto de ofrecer parlamentar y el acto de represalia frente a la humillación del emisario reflejan un código de respeto quebrado por la arrogancia de quienes pretendían ocupar sus tierras.

San Antonio, tras aquel combate, se consolidó como un enclave estanciero, incorporándose luego al circuito lanar y al proceso de modernización agropecuaria del sudeste bonaerense. El suelo ensangrentado de septiembre de 1855 se convirtió en tierra de cultivo y de esquila, en un espacio de acumulación y valorización que ocultó, bajo la narrativa de progreso, las violencias y desplazamientos que lo hicieron posible.

Recuperar la historia de San Antonio de Iraola en clave crítica permite interrumpir el relato de fundación pacífica y progreso lineal. Nos obliga a recordar que cada hectárea arada, cada alambrado extendido y cada estancia levantada en la pampa tuvieron, como condición de posibilidad, la eliminación de otras formas de vida y la destrucción de comunidades enteras.

En esta memoria, los nombres de Otamendi, Yanquetruz, Mitre e Iraola no son solo personajes de bronce o villanos de un relato simple, sino actores en una disputa histórica por el territorio, por el control del tiempo y por el sentido de la pampa.