La frontera, el malón y las tensiones del orden

El sudeste bonaerense como espacio en disputa

La ocupación del sudoeste bonaerense entre 1820 y 1880 fue un proceso constituyente del Estado argentino, donde la violencia genocida se combinó con mecanismos de cooptación y disciplinamiento. Como muestran Daniel Feierstein^[101]y Silvia Ratto^[102], la conquista no fue solo una guerra de exterminio, sino una reorganización total de las relaciones sociales, económicas y territoriales. Los indígenas, lejos de ser "obstáculos al progreso", fueron actores centrales en este drama, resistiendo, negociando y adaptándose hasta que el poder militar y discursivo del Estado los borró de la historia oficial. Hoy, recuperar sus voces es esencial para entender que la frontera no ha desaparecido: sigue viva en las luchas por la tierra, la memoria y el reconocimiento.

Entre 1820 y 1880, la provincia de Buenos Aires consolidó su expansión sobre la región pampeana y norpatagónica mediante una política fluctuante que combinó guerra, diplomacia y apropiación territorial. Este proceso no fue lineal ni homogéneo, sino que estuvo condicionado tanto por las demandas internas de la sociedad criolla —como la necesidad de ampliar la producción pecuaria para la exportación— como por las dinámicas propias de las sociedades indígenas, cuyas estrategias de negociación, resistencia o alianza variaron según los contextos políticos y económicos.

La frontera, lejos de ser una línea estática, funcionó como un espacio de interacción compleja, donde coexistieron el conflicto violento, el intercambio comercial y la hibridación cultural. Los límites formales del poder estatal llegaban hasta el Río Salado, demarcados por una línea de fortines (Chascomús, Monte, Lobos, Navarro). Sin embargo, más allá de esta frontera nominal, existía un intenso tráfico mercantil con las tolderías, donde criollos e indígenas intercambiaban ganado, cueros, aguardiente y manufacturas. A partir de 1815, los estancieros comenzaron a cruzar esa línea con sus arreos, instalándose en tierras indígenas mediante acuerdos directos con los caciques locales. Estas transacciones, aunque a menudo precarias, reflejaban un equilibrio de fuerzas donde la convivencia y el conflicto se entrelazaban.

El período entre 1820 y 1824 marcó un punto de inflexión en la ocupación del sudoeste bonaerense, caracterizado por una alternancia entre parlamentos diplomáticos y expediciones militares:

1820: El gobierno de Buenos Aires firmó tratados con caciques pampas, reconociendo —al menos nominalmente— su autonomía territorial a cambio de paces temporales.

1821: La expedición punitiva de Martín Rodríguez buscó castigar malones, pero también sirvió para explorar tierras aptas para la expansión ganadera.

1822: El coronel Pedro Andrés García negoció parlamentos con pampas, tehuelches y ranqueles, estableciendo acuerdos que, aunque frágiles, permitieron una relativa estabilidad en la frontera.

1823: Se fundó el Fuerte Independencia (Tandil), un hito clave en la avanzada criolla. Su establecimiento no solo implicó la pérdida de tierras de pastoreo para los grupos indígenas, sino también la fijación simbólica del orden estatal en un territorio hasta entonces bajo control nativo.

1824: Una nueva expedición de Martín Rodríguez profundizó la penetración criolla en la región interserrana, consolidando la presencia militar y sentando las bases para la futura expansión agropecuaria.

La fundación de Tandil representó un quiebre en la autonomía indígena, ya que el fuerte no solo funcionó como un puesto militar, sino también como un núcleo de control territorial que facilitó la posterior ocupación estanciera.

Este proceso ilustra lo que Daniel Feierstein denominó genocidio reorganizador: la violencia estatal no buscó únicamente la eliminación física de los indígenas, sino la destrucción de sus estructuras socioeconómicas para reemplazarlas por un orden capitalista y criollo-europeo.

A partir de 1826, bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires implementó una política conocida como el "Negocio Pacífico de Indios", un sistema de alianzas basado en el racionamiento de ganado, alimentos y bienes a cambio de servicios militares y acuerdos de paz. Rosas estableció tres círculos de contacto con las sociedades indígenas:

Indios amigos: Grupos asentados en territorio bonaerense, integrados como auxiliares militares o peones en estancias.

Indios aliados: Comunidades que mantenían autonomía pero comerciaban con Buenos Aires, como los ranqueles o algunos grupos pampas.

Red diplomática transcordillerana: Alianzas con caciques mapuches de Chile, que actuaban como intermediarios en el comercio de ganado y armas.

Los "lanceros indígenas" —guerreros reclutados entre los indios amigos— se convirtieron en un pilar de la defensa fronteriza, participando incluso en la represión de la Revolución de los Libres del Sur (1839) y en operaciones contra malones rivales. Sin embargo, estas alianzas eran inestables y pragmáticas: dependían de la distribución de beneficios y podían romperse ante incumplimientos o cambios en el equilibrio de poder. Como señala María Eugenia Alemano, la frontera era un espacio de negociación constante, donde las identidades y lealtades eran fluidas, y donde los caciques actuaban como actores políticos autónomos, no meros sujetos pasivos del dominio criollo^[103].

Esta etapa refleja la tensión entre incorporación y exclusión que caracterizó al genocidio reorganizador: mientras el Estado buscaba integrar a los indígenas como mano de obra subordinada, las comunidades nativas aprovecharon estos acuerdos para mantener cierta autonomía y resistir la pérdida total de sus tierras.

El orden fronterizo descripto hasta aquí no puede separarse del rosismo. Rosas articuló milicias rurales, jueces de paz, grandes propietarios, comerciantes y parcialidades indígenas aliadas en una construcción de poder que no eliminó los conflictos, sino que procuró administrarlos. El llamado Negocio Pacífico fue una pieza de ese dispositivo; la política de tierras, la fiscalidad y el control de las autoridades locales fueron otras. Mirado desde el sudeste, el rosismo fue simultáneamente un régimen político, una forma de gobierno de la campaña y una trama de relaciones personales que unía obediencia, protección y acceso a recursos.^[104]

El bloqueo francés iniciado en 1838 puso esa trama bajo presión. La caída del comercio exterior redujo los ingresos de la provincia, agravó las dificultades de productores y comerciantes y coincidió con medidas fiscales que afectaron de manera directa a la campaña. El gobierno había elevado el canon enfitéutico, incorporó esas tierras al cálculo de la Contribución Directa y aceleró la venta de superficies que hasta entonces se encontraban en usufructo. La cuestión de la tierra integró, por lo tanto, la crisis, pero no conviene describirla como una simple confiscación preventiva ni como una venta reservada únicamente a federales fieles: las operaciones beneficiaron sobre todo a enfiteutas que ya ocupaban esos campos, aunque el poder político, la información y las redes personales incidieron de manera desigual en las posibilidades de comprar, conservar o ampliar patrimonios.^[105]

La rebelión iniciada en Dolores el 29 de octubre de 1839 reunió a estancieros y notables de trayectorias heterogéneas, entre ellos federales antes vinculados al régimen y opositores unitarios. El descubrimiento de la conspiración de Ramón Maza, el asesinato de Manuel Vicente Maza y el fusilamiento de su hijo desarticularon el componente porteño del plan. El cambio de rumbo de Lavalle dejó, además, a los sublevados del sur sin el apoyo militar que esperaban. La derrota en Chascomús, el 7 de noviembre, cerró la fase principal del levantamiento, pero no la crisis: durante meses continuaron la vigilancia, los embargos, los premios, las sospechas y la recomposición de las autoridades locales.^[106]

El episodio no debe narrarse únicamente como la reacción espontánea de hacendados despojados, ni como una lucha transparente entre unitarios y federales. El bloqueo, la fiscalidad, la política de tierras, los vínculos con Lavalle y los conflictos internos del federalismo confluyeron en una coyuntura común. Rosas respondió combinando fuerza y clemencia selectiva: responsabilizó a una minoría dirigente, indultó a muchos paisanos presentados como engañados o forzados y preservó así su interlocución con sectores populares de la campaña. La represión no sólo castigó cuerpos y bienes; produjo una nueva lectura política de la sociedad rural, distinguiendo entre jefes traidores y seguidores recuperables.^[107]

Tandil participó de esa conmoción. El alzamiento vinculado a los Libres del Sur revela que el Fuerte Independencia no era un puesto aislado en una frontera vacía, sino el centro de una comunidad rural politizada, atravesada por redes de propietarios, comerciantes, milicianos, pobladores e indígenas aliados. Tras la derrota, los embargos y las confiscaciones alteraron patrimonios; la reorganización administrativa reforzó los instrumentos de vigilancia y mediación. El cambio de nombre del partido por Chapaleofú y la creación de nuevos partidos en el sur pueden leerse dentro de esa voluntad de recomponer el control, aunque sería excesivo explicar toda la reorganización territorial como un castigo único y directo.^[108]

Aquí aparece la relación con la historia de Benito Juárez. Entre 1839 y 1854, Chapaleofú comprendió el actual Tandil y áreas extensas de Azul, Rauch, Ayacucho, Balcarce, Lobería, Necochea y Juárez. Los campos que después serían leídos como periferia de San Antonio estaban, por lo tanto, dentro de un espacio político y militar afectado por la crisis rosista. Esta pertenencia regional permite incorporar los Libres del Sur como panorama histórico necesario: explica las instituciones, las lealtades y las disputas que precedieron a la estancia. No demuestra, por sí sola, una genealogía directa entre la rebelión y San Antonio.^[109]

La hipótesis que guía esta incorporación es más precisa: la crisis de 1838-1841 reordenó las mediaciones entre tierra, autoridad y fidelidad política en el sur bonaerense. Ese reordenamiento condicionó las formas posteriores de acumulación territorial y dejó redes capaces de atravesar cambios de régimen. San Antonio no habría nacido como consecuencia inmediata de Chascomús; se consolidó dentro de un territorio cuya apropiación y administración habían sido moldeadas por las políticas rosistas, por la experiencia de la rebelión y por la posterior recomposición del poder local.

La segunda hipótesis enlaza este proceso con la frontera indígena. Las fuerzas que derrotaron a los Libres del Sur contaron con milicias, tropas regulares y grupos de indios amigos. Después de Caseros, al quebrarse el dispositivo de acuerdos sostenido por Rosas, esos vínculos se volvieron más inestables. El combate de San Antonio de 1855 no fue una prolongación de la rebelión de 1839, pero sí ocurrió sobre un escenario configurado por aquel orden y por su desarticulación: autoridades debilitadas, alianzas indígenas en revisión, intereses estancieros en expansión y un Estado de Buenos Aires que intentaba reconstruir su dominio territorial.

Esta distinción entre contexto, condición e intervención directa es decisiva. Permite relacionar escalas sin fabricar causalidades: el rosismo ofrece el marco; Tandil y Chapaleofú constituyen la mediación regional; San Antonio e Iraola forman el caso que debe probarse con mensuras, expedientes, correspondencia y registros patrimoniales. Donde esas fuentes faltan, el texto formula preguntas e hipótesis, no certezas.

Tras la caída de Rosas en 1852, las relaciones entre Buenos Aires y las sociedades indígenas entraron en una nueva fase de conflicto. El cacique Calfucurá, establecido en Salinas Grandes desde 1840, emergió como el principal líder indígena de la región, tejiendo alianzas tanto con Buenos Aires como con Justo José de Urquiza:

1853: Con apoyo de Urquiza, Calfucurá organizó un gran malón sobre el sur bonaerense, movilizando a más de 4.000 guerreros y arreando alrededor de 100.000 cabezas de ganado. Esta incursión demostró la capacidad de movilización indígena y la fragilidad de los acuerdos previos.

1855: La avanzada de cantones militares en tierras de Catriel provocó otro malón masivo, con el robo de 60.000 vacunos y la captura de 150 cautivos.

Respuesta estatal: La campaña de Emilio Mitre evidenció las limitaciones del Ejército frente a la guerra de movilidad indígena, basada en ataques rápidos y conocimiento del terreno.

Calfucurá no era un "salvaje irredento", sino un estratega político que negociaba con ambos bandos criollos, garantizando el flujo de raciones y comercio mientras defendía la autonomía de su gente^[110]. Su figura encarna la resistencia indígena frente al avance estatal, pero también la creciente presión ejercida por la expansión ganadera y la centralización del poder en Buenos Aires.

Con la consolidación del Estado nacional en 1862, la política indígena se volvió más agresiva y centralizada:

Ley 215 (1867): Ordenó avanzar la frontera hasta el Río Negro, formalizando el proyecto de ocupación total de la Pampa y Patagonia.

Adolfo Alsina (década de 1870): Implementó una estrategia de contensión defensiva, construyendo una zanja de 610 km y una línea de 100 fortines para impedir el arreo de ganado. Aunque criticado por su "pasividad", Alsina sentó las bases logísticas para la ofensiva final.

Julio A. Roca (1878-1879): Bajo su liderazgo, se lanzó la "Conquista del Desierto", una campaña militar masiva que liquidó la autonomía indígena:

Expediciones ofensivas: 5 divisiones militares barrieron el territorio, utilizando tácticas de tierra arrasada.

Ocupación de la Patagonia: Miles de indígenas fueron asesinados, capturados o deportados a obrajes, ingenios azucareros y servicio doméstico.

Reorganización territorial: Las tierras conquistadas se distribuyeron entre la oligarquía terrateniente, consolidando el modelo agroexportador.

Este proceso culminó el genocidio reorganizador descrito por Feierstein: la violencia no solo buscó exterminar, sino reescribir el orden social, subordinando a los sobrevivientes indígenas como ciudadanos de segunda clase en un Estado que los había despojado de todo^[111]. La frontera, antes un espacio de interacción, se convirtió en un mito fundacional de la Argentina moderna, ocultando bajo el relato de la "civilización" las huellas de un pasado de resistencia y negociación.