Arquitecturas del orden

Instituciones, cuerpos y ciudadanía

Toda fundación política requiere un espacio físico donde inscribir su legalidad. El pueblo, trazado en 1874 por el agrimensor José María Muñiz mediante una cuadrícula de líneas rectas, debía poblarse de símbolos, normas y rituales que anclaran el nuevo orden. Así, entre las primeras acciones del Estado y de las élites locales tras la mensura del ejido urbano, aparece la construcción de un conjunto de instituciones que, más que edificios, son tecnologías de organización del tiempo, del cuerpo y de la memoria colectiva.

La iglesia, el palacio municipal, la comisaría, la escuela y la plaza pública no son meras "necesidades" urbanas: son, en palabras de Michel Foucault, dispositivos^[78]. Configuran una arquitectura del orden que separa lo sagrado de lo profano, lo legal de lo ilegal, lo instruido de lo ignorante. Cada una de estas instituciones cumple una función específica en el proceso de producción de ciudadanía, de domesticación del espacio y de reproducción de las jerarquías.

En este capítulo se propone una lectura crítica de esas instituciones a partir de los aportes de la historia social, la geografía crítica y la teoría del poder. Siguiendo el hilo conceptual que recorre esta obra, estas arquitecturas no son entendidas como respuestas neutrales a las necesidades de una comunidad, sino como formas materiales del poder estatal y clasista, que inscriben en el territorio las lógicas del disciplinamiento y la modernidad capitalista.

La plaza principal del pueblo de Benito Juárez fue, como en tantas otras fundaciones decimonónicas, el corazón simbólico del trazado urbano. Ubicada en el centro de la cuadrícula, delimitada por avenidas simétricas y flanqueada por las instituciones clave, la plaza no es solo un espacio público: es el lugar donde se escenifica el ideal de comunidad que el nuevo orden político necesita.

Desde la perspectiva de David Harvey, la plaza responde a la necesidad del capital de producir espacios legibles y utilizables, capaces de concentrar circulación, vigilancia y simbolismo. Es allí donde se concentran los tiempos sociales: el descanso dominical, los actos patrios, los sermones, las ferias, los desfiles. Pero también es donde se concentran los signos del poder: el mástil, el monumento, la banca municipal, la mirada policial.

Si el rancho era un mundo cerrado, íntimo, ambiguo, la plaza es un espacio abierto, normado, regulado. Y si el gaucho transitaba sin rumbo preciso, la plaza lo fija en un punto visible, vigilado y vigilante. La plaza separa —quién puede estar, cuándo, cómo— y también impone una noción de tiempo social: el día del desfile, la hora del izamiento, el recreo escolar, el toque de queda no escrito.

La centralidad de la plaza en el trazado de Juárez no puede disociarse de la lógica estatal que —siguiendo a Foucault— genera visibilidad para controlar, que transforma lo público en escenario pedagógico. El pasto recortado, los canteros geométricos, las estatuas, los bancos, los caminos delimitados: todo eso habla de una estética de la regularidad, que materializa la autoridad en el paisaje.

A diferencia del descampado o el monte —espacios de fuga o resistencia—, la plaza está pensada para fijar, ordenar, ritualizar. Es, por tanto, el contrapunto urbano del desierto: allí donde antes había incertidumbre, ahora hay simetría. Y allí donde hubo toldos, fogones y guitarras, ahora hay himnos, banderas y escuelas.

La plaza Independencia como símbolo de orden y sociabilidad dirigida

La arquitectura como dispositivo

Plaza Independencia

FormaConductaPoder

Caminos, bancos y vegetación convierten el espacio abierto en una geometría legible.

Ilustración 32 ‘Vista parcial de la plaza independencia’ en Benito Juárez, espacio urbano diseñado para articular y proyectar el poder estatal, concebida como centro cívico regulado, materializa el modelo de ciudadanía liberal mediante un diseño que condiciona las prácticas sociales y naturaliza las jerarquías.

La imagen aquí incorporada ofrece una vista parcial de la Plaza Independencia de Benito Juárez, tomada en las primeras décadas del siglo XX, cuando los primeros pliegues del tiempo fundacional comenzaban a solidificarse en monumentos, árboles simétricamente dispuestos y edificios institucionales. Al frente, la cámara recoge con claridad el edificio del Banco de la Nación Argentina, y contiguo a él, la Escuela Primaria N.º 1, ambos emplazamientos clave de la arquitectura estatal, elementos que, como subraya Graciela Favelukes^[79], integran un complejo de "saturación de funciones" características del modelo de plaza heredado del urbanismo colonial y reconfigurado por el proyecto moderno.

El pueblo, trazado en 1874 por el agrimensor José María Muñiz, fue imaginado desde sus orígenes como un espacio de líneas rectas, bordes definidos y funciones jerarquizadas. Dentro de esa cuadrícula racional se reserva a la plaza un rol central y ordenador, no sólo en términos geográficos sino simbólicos: es el espacio donde se ancla la idea de comunidad civilizada, donde se escenifica el poder del Estado y se proyectan las normas de la república. La plaza no es un vacío accidental ni un remanente de lo no-edificado: es, como señala Favelukes, una estructura de significación densa, pensada para "condicionar las interacciones sociales" y producir sociabilidad controlada.

Así, la Plaza Independencia no se concibe como lugar espontáneo de reunión, sino como espacio regulado de prácticas públicas. Bancos, caminos curvos y arboleda señalan los lugares permitidos para el paseo, la observación, la espera o la celebración. La propia ausencia, en esta fotografía, de los edificios de la iglesia, la comisaría y la municipalidad —ubicados en la cuadra desde donde se tomó la imagen— no resta fuerza a su presencia simbólica: esas instituciones actúan como bordes morales y disciplinadores del centro cívico, flanqueando y sosteniendo el modelo de ciudadanía que la plaza materializa.

En el marco de este análisis, es clave recordar que la plaza no es sólo una forma urbana, sino también un espacio performativo. Allí se realizan los rituales del poder: desfiles escolares, ceremonias patrióticas, actos religiosos o incluso silenciosas manifestaciones de jerarquía social en el mero acto de pasear o sentarse. A medida que se consolida el orden capitalista y se profundiza la especialización funcional del espacio urbano, la plaza se convierte —como lo advierte Favelukes— en un ámbito cada vez más simbólico y menos integrador. De articulador intergrupal pasa a ser, progresivamente, un escenario intragrupal, en el que las clases dominantes exhiben su presencia y la estetización del espacio reemplaza la diversidad de usos populares.

La fotografía nos muestra, en este sentido, una plaza "decorada", "civilizada", "domesticada", destinada a representar la estabilidad de un orden social emergente. La vegetación ordenada, los caminos circulares, los bancos blancos repetidos y la simetría del diseño contribuyen a esa estetización que naturaliza la jerarquía. Las plazas, nos recuerda Favelukes, fueron lugares de castigos públicos, de mercados abiertos, de ejecuciones y griteríos populares. Pero aquí, ya transformada por el tiempo republicano y la visión del progreso, la plaza se convierte en paseo, en símbolo, en postal. Ya no integra lo diverso: selecciona, decora y exhibe.

Al igual que en las capitales provinciales o en Buenos Aires, donde el ferrocarril, los jardines y las estatuas reemplazan al bullicio y la venta callejera, en Benito Juárez también la plaza se convierte en una inscripción visual de la modernidad ordenadora, un lugar donde el tiempo avanza al ritmo del reloj de la escuela y la autoridad emana de los muros bancarios. Aquí no hay margen para el desvío, el juego improvisado o el conflicto. La plaza representa, en su orden visible, el orden invisible del poder.

La plaza, como espacio inaugural de la sociabilidad urbana, funcionó desde su trazado como centro simbólico del nuevo orden. Fue pensada para ser recorrida, contemplada, reglamentada. Pero más allá de su geometría simétrica, de sus bancos alineados y de sus monumentos conmemorativos, la plaza también guarda tensiones no resueltas, usos impensados, apropiaciones no previstas.

A modo de cierre abierto, proponemos algunas preguntas para repensar ese cuadrado verde en el corazón de Juárez: ¿qué cuerpos estaban autorizados —y cuáles no— a circular, descansar o hablar en la plaza en sus primeras décadas? ¿Cómo se normativizó el uso del espacio público en función de valores como la decencia, la higiene, la respetabilidad? ¿Qué papel jugó la plaza en la construcción de una pedagogía visual del orden, donde cada elemento del paisaje (el césped, los senderos, el mástil) modelaba también una forma de ver y de estar? ¿Qué memorias se preservaron en sus monumentos, y qué otras fueron silenciadas en sus márgenes? ¿Cómo convivieron en ese mismo espacio el banco del jubilado, el juego del niño, la sombra del policía y el paso ceremonial del desfile escolar?

Porque la plaza no fue solo un jardín: fue un escenario donde se ensayó la nación en miniatura. Y por eso mismo, aún hoy, interroga nuestras formas de habitar el espacio común.

La escuela como frontera interior: alfabetizar el ciudadano, disciplinar los cuerpos

El pueblo de Benito Juárez, trazado en 1874 por el agrimensor José María Muñiz, no solo dibujó sobre la llanura una cuadrícula de calles rectas: inscribió una nueva lógica territorial, anudada a los proyectos de Estado, capital y civilización. Dentro de esa lógica, la escuela pública fue una de las instituciones clave para internalizar la autoridad, reproducir el orden y modelar el tiempo de la ciudadanía. Fue, como plantea Lucía Lionetti, una frontera simbólica: no entre dos países, sino entre dos modos de vida, dos sistemas de saber y de legitimidad.

La arquitectura como dispositivo

Escuela N.º 1

FormaConductaPoder

El grupo escolar se dispone ante el edificio como una comunidad clasificada y visible.

Ilustración 33 ‘Escuela N° 1 con sus directoras y alumnos de ambos sexos’, un espacio clave en la consolidación del proyecto estatal de civilización, donde se internalizaba la autoridad y se modelaba el tiempo social de la ciudadanía liberal emergente.

Mientras el mapa avanzaba con rieles, mojones y registros de propiedad, la escuela avanzaba con lápices, bancos, cuadernos, campanas y timbres. Y si la cuadrícula trazada por Muñiz organizaba el espacio exterior, la escuela buscaba ahora ordenar el espacio interior de los sujetos, transformando costumbres, saberes y prácticas sociales en nombre de la civilización.

Los datos históricos de Benito Juárez reflejan con claridad este movimiento. Apenas unos años después de la traza fundacional, hacia 1878, la Comisión Municipal crea el primer Consejo Escolar, con vecinos notables como Ángel Zibecchi y Adolfo Martínez. En una carta enviada al entonces Director General de Escuelas, Domingo Faustino Sarmiento, Martínez informa sobre la existencia de dos escuelas particulares —una de niñas y otra de varones— que no cumplían con las condiciones legales, por lo que solicita la creación urgente de escuelas públicas. En menos de una semana, Sarmiento responde con celeridad burocrática y convicción ideológica: deben abrirse escuelas oficiales, con fondos públicos y maestros diplomados. La educación, insiste, no puede depender de esfuerzos aislados o de la benevolencia de particulares: debe ser una política del Estado.

Así, el 16 de marzo de 1879, se inauguran formalmente las primeras escuelas oficiales de Juárez, con Carmelo Álvarez como maestro de varones y Rita Bedoya como maestra de niñas. Los antiguos preceptores particulares —Domingo Fontana y Máxima Velásquez— pasan a ocupar roles secundarios. Se inscriben 275 alumnos, en un pueblo que aún era poco más que una promesa cartográfica. Para 1881, ambas instituciones se integran bajo la denominación de Escuela N.º 1, signo de que el número (el inventario, la clasificación, el archivo) comenzaba a normar lo que antes eran nombres y relaciones.

Este proceso local expresa, en miniatura, la estrategia estatal por estandarizar el tiempo y homogeneizar el espacio, tal como ha planteado David Harvey. La escuela, a través del timbre, el horario fijo, el programa oficial, el uniforme, las normas de aseo y comportamiento, impone una temporalidad regular que contrasta con el ritmo del rancho, del campo, del trabajo doméstico. Al mismo tiempo, sus paredes definen un nuevo adentro, separado del mundo exterior, donde se habilita el lenguaje del Estado: la escritura, la lectura, la historia patria, la aritmética, los símbolos nacionales.

Desde el enfoque de Foucault, podría decirse que la escuela no es solo un espacio educativo, sino un dispositivo de control social, una tecnología política de la infancia. A través del mobiliario, la distribución de cuerpos en filas, el acto de levantar la mano, el uso del pizarrón y el cuaderno, se organizan no solo los saberes, sino también las posturas, las voces, las emociones. En palabras de Norbert Elias, la escuela participa en la "civilización de las costumbres", enseñando a contener impulsos, a esperar el turno, a controlar el cuerpo y someterlo al ritmo institucional^[80].

Pero esta civilización no era abstracta ni universal. En Benito Juárez, la escuela formaba parte de un ecosistema de poder: se ubicaba cerca de la comisaría, la plaza, la iglesia, el palacio municipal y el banco, y funcionaba como puente entre el mundo rural disperso y la autoridad centralizada. A partir de 1883, surgen escuelas rurales en los cuarteles, como la Escuela N.º 3 (dirigida por Eusebio de Urraza) y la N.º 2, dirigida por Juan Sánchez. También se consolidan las primeras directoras mujeres como Máxima Rodríguez de Velásquez, a cargo de la Escuela N.º 10 en 1889. En todos los casos, se observa una progresiva formalización: nuevas sedes, donaciones de terrenos, registro de alumnos, división por grados. El espacio educativo se vuelve más rígido, más institucional, más estatal.

Y con él, también cambian los vínculos sociales. La relación pedagógica sustituye a la relación familiar o comunitaria. La autoridad escolar reemplaza al consejo del mayor. El saber práctico del gaucho y del peón es reemplazado por el saber abstracto, racional, codificado del aula.

La escuela en Benito Juárez, entonces, no fue una consecuencia natural del crecimiento demográfico, sino una herramienta política para consolidar la soberanía del Estado nacional sobre la frontera interna. Fue un acto de pedagogía territorial. Un modo de construir argentinos no solo por nacimiento, sino por instrucción, disciplina y obediencia normativa.

La escuela como campo de legitimación: disciplina, honor y reproducción en los orígenes del sistema educativo juarense

Desde la fundación del Partido de Benito Juárez en 1867 y su traza urbana en 1874, el espacio educativo comenzó a delinearse no sólo como una infraestructura, sino como una institución clave en el proceso de conformación del orden social. Tal como señala Pierre Bourdieu, la escuela no es simplemente un lugar de instrucción neutral, sino un campo de lucha simbólica, donde se disputa qué saberes son legítimos, qué normas son deseables y qué cuerpos son educables.

Los primeros pasos de la educación en Juárez, registrados hacia 1875 con escuelas particulares dirigidas por Domingo Fontana y Máxima Velázquez, fueron formas incipientes de alfabetización en una sociedad aún atravesada por estructuras rurales, jerarquías de sangre y redes vecinales más informales que institucionalizadas. Pero ese germen se transformó rápidamente con la llegada del Consejo Escolar en 1878, la instalación de las primeras escuelas públicas en 1879, y el establecimiento de una red creciente de instituciones tanto en el casco urbano como en las zonas rurales.

El presupuesto educativo aprobado por Sarmiento y el porcentaje obligatorio de las rentas municipales (15%) constituyeron no sólo una herramienta de financiamiento, sino un mecanismo para insertar al municipio en un circuito de control estatal centralizado. Desde el Consejo General de Educación se enviaban circulares que exigían cumplimiento irrestricto de la Ley de Educación Común, bajo amenaza de cierre de las escuelas o acciones legales. Las respuestas locales ante estos requerimientos fueron variadas, desde la colaboración y la gestión diligente de los Consejos Escolares —como se ve en las cartas dirigidas a Sarmiento y al Ministerio— hasta reclamos por falta de infraestructura, como la carta del presidente Esteban Duart pidiendo bancos por la "mucha concurrencia de niños" en 1879.

Este entramado administrativo y legal, que se amplía en las décadas siguientes, revela que el sistema educativo juarense no fue un simple reflejo de una voluntad civilizadora abstracta, sino la puesta en práctica de un aparato de Estado que modela cuerpos, rutinas y expectativas sociales. Lo que Bourdieu denomina el "habitus escolar" comienza a consolidarse: puntuales registros de asistencia, partes de comportamiento, traslados de maestras entre escuelas, controles sobre la enseñanza religiosa, inspecciones a escuelas privadas, solicitudes de licencias médicas y pedidos de blanqueo edilicio conforman un universo donde el tiempo se racionaliza, el cuerpo se vigila y el conocimiento se jerarquiza^[81].

Uno de los documentos más significativos es la carta de la directora Javiera del Carmen Patiño en julio de 1904, solicitando la expulsión de un alumno violento. En ella se muestra claramente cómo la escuela deviene institución de control social, en la que la disciplina no es meramente pedagógica sino moral y espacial: controlar el recreo, los objetos (la piola) y el cuerpo (el castigo, la expulsión). En su respuesta, el comisionado Quadri exige que se hayan "empleado previamente todos los medios represivos individuales", citando el artículo 123 del Reglamento. Aquí se hace visible la estructura legal-burocrática del poder pedagógico, donde cada acción debe ajustarse a procedimientos formales, en un intento por transformar el juicio moral en una racionalidad administrativa.

La progresiva expansión de escuelas privadas desde 1880 —como el Colegio Salonio, el Colegio San José de las Hermanas Josefinas, el Colegio Italo-Argentino, la Escuela de La Invernada, y más tarde el Colegio de la Inmaculada Concepción y el Colegio La Salle— muestra la coexistencia (y en algunos casos, competencia) de distintos capitales culturales, religiosos y lingüísticos en el espacio educativo. Las hermanas francesas, los educadores italianos, los colegios de internado rural y urbano, con clases de piano, comercio y francés, consolidan un escenario de diferenciación social: la escuela no solo enseña a leer, sino a ocupar un lugar en el mundo.

A su vez, las cartas del comisionado Quadri en 1904 detallan con precisión esta regulación cotidiana: permisos para ausencias, reubicación de maestras, organización de exámenes, habilitación de enseñanza religiosa bajo condiciones estrictas, y participación de docentes en comisiones de inspección a colegios particulares. Estos documentos permiten visualizar lo que Bourdieu llamaría la microfísica de la dominación simbólica, donde el poder no se ejerce únicamente desde arriba, sino que se reproduce en la práctica ordinaria de cada boletín, cada banco y cada lección^[82].

La escuela, como destacan Pineau, Dussel y Caruso, no sólo transmite contenidos, sino que "forma sujetos modernos"^[83]. Es decir, moldea gestos, regula emociones, organiza el tiempo, dispone los cuerpos en bancos, las palabras en cuadernos y los silencios en reglamentos. La fotografía escolar de 1930 —con alumnos prolijos, en fila, uniformados— es una imagen del orden deseado, de la disciplina que la escuela impone y a la vez celebra. Como lo plantea Lucía Lionetti, la escuela no fue simplemente una respuesta al analfabetismo: fue una estrategia de gobierno de los cuerpos, de nacionalización de la infancia y de delimitación de lo aceptable^[84].

Colegio de La Salle

Comienza sus actividades en el año 1911 por iniciativa del Presbítero Julio María Chienno, Cura Párroco de Juárez entre 1907 y 1916. Era un colegio exclusivamente para varones, donde se impartían materias como Lectura, Escritura, Aritmética, Contabilidad, Idioma Nacional, Historia, Geografía, Geometría y Dibujo, Instrucción Cívica, Conducta, Física, Química, Historia Natural, Francés, Italiano, Inglés, Piano, Religión, Urbanidad y Solfeo.

Durante la década de 1920, el colegio pasa a ser administrado por la congregación Hermanos de la Sagrada Familia de la ciudad de Tandil, y cambia su nombre a Colegio de la Sagrada Familia. Se mantiene activo hasta el año 1945.

El listado de materias no es neutral: expresa una visión del mundo, una idea de sujeto y una imagen del país que se pretendía formar. Se buscaba disciplinar el cuerpo (con urbanidad y conducta), organizar el pensamiento (con aritmética y contabilidad), forjar una sensibilidad estética (con música y dibujo), y asegurar la cohesión nacional (con historia, idioma nacional y religión). En ese currículum, la escuela emerge como aparato ideológico del Estado, al servicio de la formación de varones alfabetizados, obedientes y útiles para el orden social liberal.

La arquitectura como dispositivo

Aula del Colegio La Salle · 1930

FormaConductaPoder

Pupitres alineados, pizarrón, mapas y láminas ordenan cuerpos y saberes desde un punto central.

Ilustración 34 Fotografía del aula del colegio La Salle en 1930, escenario del modelo pedagógico disciplinario que organizaba cuerpos y saberes bajo una lógica panóptica de vigilancia y control. El docente observa desde una posición dominante mientras los alumnos, alineados y concentrados en sus cuadernos, reproducen el orden regularizado y las normas de la escuela moderna.

La fotografía del aula del Colegio La Salle en 1930, pese a estar tomada varias décadas después de la traza del pueblo y la fundación de sus primeras instituciones educativas, condensa muchas de las tensiones, dispositivos y operaciones simbólicas que nuestra historia crítica busca revelar. En esta escena, detenida por el obturador, encontramos los rastros visibles del proceso de normalización escolar que, desde fines del siglo XIX, fue moldeando los cuerpos, las inteligencias y las subjetividades en Benito Juárez.

La disposición física de la escena responde a un modelo arquitectónico y pedagógico panóptico, en el sentido propuesto por Michel Foucault: los alumnos están alineados, fijos en sus bancos, con el rostro inclinado hacia cuadernos y libros, mientras el docente —en posición de pie, brazos cruzados— vigila, contiene y organiza el tiempo, la palabra y el silencio. La escuela, como ya vimos en documentos anteriores, es uno de los aparatos más eficaces del poder moderno para producir cuerpos dóciles y útiles, inscriptos en una temporalidad regularizada y sujetos a una racionalidad lineal, ascendente, meritocrática.

Aquí no hay niños dispersos, ni juegos, ni gestos fuera del protocolo. Cada alumno es su pupitre, su libro y su postura: la conducta se registra a través de la constancia, la obediencia y la repetición. Como lo señaló Pierre Bourdieu, en este tipo de instituciones "la pedagogía actúa sobre el habitus", naturalizando prácticas, valores y formas de percepción que luego serán vistas como "sentido común"^[85].

El aula está organizada en función de un currículum moderno, nacional y comercial. Lo sugieren los mapas colgados a la izquierda, que muestran América del Sur y del Norte, y que —más que representar continentes— representan un orden geopolítico que naturaliza las fronteras, las naciones, las capitales, las rutas y los centros de poder. Los mapas, como bien lo sostuvo David Harvey, son tecnologías del capital: en este caso, enseñan a mirar el espacio desde el punto de vista de la mercancía, la administración estatal o el cálculo imperial^[86].

A la derecha, el afiche anatómico humano recuerda otra dimensión del disciplinamiento: el cuerpo como objeto de conocimiento científico, divisible, etiquetable y corregible. La racionalidad biomédica entra al aula por el mismo lugar que lo hace el mapa: como representación jerárquica, clasificadora y utilitaria.

Sobre el pizarrón se lee "Curso Comercial", una expresión que nos ubica en el contexto de la expansión de las escuelas técnicas y comerciales para varones, típicas de la consolidación del modelo agroexportador argentino. Este tipo de cursos no solo enseñaban contabilidad o taquigrafía, sino que preparaban sujetos para insertarse en la nueva estructura social de la nación moderna, en la que el capital exigía una nueva clase media urbana: calculadora, ordenada, funcional.

Por encima del pizarrón, se destaca un retrato militar, aunque no pueda identificarse con claridad si se trata de Roca, Sarmiento o Mitre. Su ubicación elevada no es casual: como sucede con los crucifijos en los colegios religiosos, esta imagen marca el origen de la autoridad y encarna el principio de verticalidad del poder. El aula, así, reproduce una escena jerárquica: el militar vigila al maestro, el maestro vigila al alumno. En términos de Bourdieu, este cuadro es parte del "capital simbólico del Estado", que se inscribe en los muros como lo haría en las monedas o en los sellos oficiales^[87].

La cantidad de libros abiertos sobre los pupitres también permite interrogar una determinada relación con el saber. La escena sugiere una enseñanza que privilegia el registro, la repetición y la respuesta correcta. Walter Benjamin no definió este proceso como una conversión del saber en mercancía. Su crítica se dirigió, en cambio, contra una historia universal aditiva que reunía una masa de hechos para llenar un tiempo homogéneo y vacío. Frente a esa acumulación, propuso una operación constructiva: detener el pensamiento ante una constelación cargada de tensiones. La fotografía del aula no demuestra por sí sola la ausencia de pensamiento crítico, pero permite preguntar qué formas de conocimiento, obediencia y autoridad organizaron la experiencia escolar.^[88]

La fotografía es, en sí misma, un documento histórico. Pero no en el sentido ingenuo de "registro de lo que fue", sino en el sentido que le da Peter Burke: lo visible y lo no dicho son parte de la misma operación ideológica. Lo que no aparece en la foto es tan importante como lo que sí: las niñas, por ejemplo, están ausentes. También están ausentes los saberes populares, los idiomas de los migrantes, las canciones criollas o las lenguas indígenas. El aula no es solo una habitación: es un filtro, un embudo, un ritual de pasaje entre lo visible y lo legítimo.

Esta imagen del Colegio La Salle, tomada ya en la década de 1930, puede pensarse como la maduración de aquel dispositivo fundacional que vimos nacer en las escuelas de Juárez hacia 1879, cuando el Consejo General de Educación exigía, bajo amenaza legal, que la Municipalidad depositara el 15% de sus rentas. Desde entonces hasta esta escena, el capital simbólico del Estado ha logrado instalar un modo de ver, de oír y de estar en el mundo.

Y, sobre todo, ha logrado que todo eso parezca natural.

Como cada sección de esta historia crítica, esta tampoco se cierra. Propone, en cambio, interrogantes que interpelan la naturalización del dispositivo escolar en el espacio local: ¿qué saberes y qué cuerpos fueron habilitados para ingresar en el mundo escolar, y cuáles quedaron por fuera? ¿Cómo operó la escuela como espacio de reproducción de jerarquías sociales, de género, de religión? ¿Qué resistencias, silencios o fisuras pueden leerse en los márgenes de este archivo disciplinario? Porque toda escuela, incluso la más silenciosa, habla. Y a veces, en sus gritos más apagados, resuena la voz de una historia que aún espera ser contada.

A diferencia de otras instituciones fundacionales —la escuela, la iglesia, el banco—, la comisaría no se emplazó originalmente en torno a la plaza central de Benito Juárez. Esa decisión espacial, que puede parecer circunstancial, debe ser interpretada en el marco de lo que David Harvey denomina la producción del espacio social: un espacio no es neutro, sino que ordena, jerarquiza y modela conductas. Así como el aula, el atrio y el mostrador bancario proponen escenarios para el consenso, la comisaría inaugura otro tipo de régimen espacial, ligado al umbral, al borde, al disciplinamiento y a la vigilancia.

La arquitectura como dispositivo

Personal de la subcomisaría · hacia 1920

FormaConductaPoder

La formación ecuestre proyecta una institución capaz de extenderse más allá del edificio.

Ilustración 35 Personal de la subcomisaría del partido de Juárez hacia 1920, ubicado en la esquina de Maipú (actual 25 de Mayo) y C. Zibecchi, reflejo de un aparato estatal en expansión territorial y social. La subcomisaría, operaba como dispositivo de control y vigilancia en la campaña, proyectando poder sobre un territorio percibido como inestable y heterogéneo.

La descentralización espacial de la comisaría puede leerse como una expresión de su rol ambivalente: es, por un lado, la cara visible del aparato estatal en la campaña, pero también un dispositivo que opera a distancia del centro, proyectando su poder sobre un territorio que aún se percibe como inestable, mestizo o peligrosamente gaucho. Tal como señalan Magdalena Candioti y Melina Yangilevich, la policía bonaerense en el siglo XIX fue más un instrumento de articulación social y política que una fuerza especializada^[89]. Su tarea era tanto reprimir como mediar, proteger como imponer.

El caso de Benito Juárez confirma esta doble naturaleza. Con la creación de comisarías rurales en 1878, la provincia de Buenos Aires se propuso ordenar su vasta geografía mediante una malla de vigilancia permanente. Juárez pasó a ser cabecera de la segunda sección, lo que otorgó a su comisario funciones que excedían la vigilancia urbana: debía patrullar caminos, intervenir en conflictos laborales, perseguir cuatreros, contener motines y asistir al juez de paz. La policía, entonces, no sólo aplicaba la ley: la producía en su ejercicio cotidiano, muchas veces por fuera o en ausencia de normativas precisas.

En esta clave, la figura de Luis Aldaz, primer comisario del pueblo, se vuelve ejemplar. Vasco exiliado de las guerras carlistas, soldado del Batallón Guardia Provincial, y finalmente oficial de policía, encarna un tipo de agente estatal anterior a la profesionalización del cuerpo: un sujeto rudo, de fuertes convicciones personales, cuya autoridad se construía en el campo de batalla de la experiencia, no en el reglamento. Como señala Melina Yangilevich, el personal policial del siglo XIX era reclutado con escasa o nula formación específica, y su legitimidad se construía a partir de hazañas, relatos de captura, y formas carismáticas de liderazgo^[90].

La captura del llamado "Tigre de Quequén", atribuida a Aldaz, da cuenta de este ethos policial: valor, astucia, lealtad, fuerza física. Pero también exhibe una política de subjetivación que celebraba al policía como héroe civilizador, cazador de salvajes y garante de una legalidad naciente. No es casual que Borges, en su texto "Las leyes del juego", ficcionalice este episodio bajo la forma de una narrativa gauchesca reformulada, donde el matrero deviene símbolo de un orden alternativo, y el comisario, su cancelación definitiva.

La biografía de Aldaz, sin embargo, también permite leer las fisuras del orden. Su detención por bigamia, el escándalo mediático que acompañó el caso y la intervención de figuras políticas como Aristóbulo del Valle, exhiben las tensiones entre vida privada y función pública, entre moralidad burguesa y realidades del desarraigo. Como sugiere el historiador Casagrande, el disciplinamiento no siempre fue vertical: la policía también fue objeto de control y vigilancia, y sus integrantes, portadores de un capital simbólico frágil, continuamente puesto a prueba^[91].

Lejos de las representaciones glorificadas del policía héroe o del Estado como estructura inmaculada, los documentos de la subcomisaría de Benito Juárez correspondientes al año 1887 permiten observar el funcionamiento real y cotidiano de la policía en un pueblo bonaerense en pleno proceso de consolidación institucional. Lo que allí se despliega —en la letra de los oficios firmados por el subcomisario Aureliano Pinedo— es una trama de conflictos menores, cuerpos desplazados, marginalidades, enfermedades y solicitudes administrativas que revelan una institucionalidad en formación, inestable y porosa.

Uno de los primeros elementos que llama la atención es el rol de la policía como intermediaria constante entre lo público y lo privado, entre el poder local y la vida cotidiana de los habitantes. La subcomisaría funciona como un nodo de comunicación entre la intendencia, el sistema judicial incipiente, los vecinos y el territorio. No se trata únicamente de "hacer cumplir la ley", sino de resolver —con flexibilidad informal, a menudo improvisada— situaciones que oscilan entre el delito, el desborde y la miseria.

En este marco, la policía aparece como una administradora de cuerpos anómalos, una especie de guardiana sanitaria y moral. El caso más extremo es el del oficio fechado el 28 de enero de 1887, donde se da cuenta de dos detenidos "dementes" alojados en los calabozos. La descripción que realiza Pinedo es cruda y alarmante: "uno de ellos hasta agusanado se encuentra". El cuerpo enfermo, descompuesto, putrefacto, se transforma en amenaza no sólo para sí mismo sino para la salud de los agentes y la comunidad. Aquí se revela con nitidez lo que Michel Foucault llama la gestión biopolítica de las poblaciones: el poder se ejerce sobre la vida, pero también sobre la muerte, sobre los cuerpos sin autonomía, en los márgenes de la legalidad.

Otros oficios refuerzan esta imagen: menores de edad en situación de prostitución, mujeres "clandestinas", ebrios en pulperías, muertos enterrados en los campos sin registro oficial, una niña pobre traída en tren como testigo de un crimen. Todos estos episodios forman parte de un mapa paralegal, donde las normas formales coexisten con soluciones de hecho. El comisario previene, sanciona, solicita auxilio, traslada personas, recauda, advierte, pide querosén. Es un oficial del Estado que opera también como agente aduanero, mediador comunitario, asistente social, censor de costumbres y gestor de recursos. La institucionalidad está más definida por la letra del comisario que por la ley escrita.

Lo territorial, en este marco, es central. La policía no actúa en abstracto, sino en un territorio materialmente precario, poco urbanizado, expuesto al clima y la escasez. Se solicita forraje para los caballos, se advierte sobre la peligrosidad de los "cohetes de la India" en la vía pública, se reclaman recursos para mantener una lámpara encendida toda la noche. Estos pedidos refuerzan la idea de que el aparato estatal en la campaña no es omnipotente: es un Estado demandante, que sobrevive gracias al endeudamiento mutuo entre actores locales. Como señala Casagrande, la comisaría rural en estos contextos "carecía de infraestructura y funcionaba más por la voluntad de sus agentes que por la potencia del aparato burocrático".

En ese sentido, la economía del castigo también aparece en una clave localista: se aplican multas en moneda nacional por escándalos, ebriedad o tentativa de riña, pero los importes son bajos y muchas veces arbitrarios. El poder policial es, al mismo tiempo, simbólico y económico, produciendo ingresos para la municipalidad al tiempo que impone un modelo de conducta.

Desde una perspectiva crítica, podemos interpretar que este tipo de intervenciones policiales conforman un régimen de control difuso, donde la norma se aplica con plasticidad, pero siempre para reafirmar el orden social dominante: se sanciona la pobreza ruidosa, la sexualidad desviada, la extranjería visible, el desborde emocional. La policía no actúa tanto sobre el crimen, sino sobre las formas de habitar el espacio público. Como sugiere Pierre Bourdieu, en estos casos el Estado actúa como un "monopolizador legítimo de la violencia simbólica", reproduciendo la dominación mediante prácticas cotidianas naturalizadas.

El elenco de sujetos que desfilan por los partes policiales de 1887 —ya no como grandes delincuentes, sino como figuras periféricas, inestables, incómodas para la moral y el orden— permite reconstruir una pedagogía del escarmiento orientada a moldear comportamientos, establecer límites y proyectar una forma deseada de ciudadanía. Ebrios, prostitutas, menores "clandestinas", peleadores con garrotes y rebenques, morenas sin nombre que sepultan cadáveres, vecinas pobres que viajan en tren sin poder pagar el pasaje: todos y todas configuran una topografía de los márgenes, donde lo social se vuelve objeto de corrección antes que de inclusión.

El castigo, en estos casos, no es ni espectacular ni ejemplarizante en los términos clásicos, pero sí profundamente pedagógico. Se trata de multas, advertencias, detenciones breves, prevenciones: sanciones mínimas que, sin embargo, señalan públicamente quiénes son los sujetos inconvenientes y cómo debe comportarse una comunidad decente. Se castiga el ruido, el desborde, el escándalo, y en esa insistencia por contener lo visible y lo audible se esboza una moralidad de la discreción, del control del cuerpo y del silencio ordenado.

La policía no sólo reprime, sino que escribe, y al escribir crea archivo, produce verdad. Lo que aparece en estos partes no es el delito en sí, sino su narración oficial, mediada por el lenguaje y la autoridad del comisario. Como advierte Michel Foucault, el poder moderno no necesita ejercer la fuerza todo el tiempo: le basta con clasificar, registrar, inspeccionar y anotar. De ahí que estas comunicaciones no sólo sean informativas: son performativas. Al identificar a una mujer como "prostituta clandestina", la nombra como tal en el archivo estatal, incluso si su práctica no estaba legalmente tipificada.

En esta línea, la administración del cuerpo femenino resulta especialmente reveladora. Las menores Atanasia y Margarita —una de 14 años— son "prevenidas" por su presunta participación en actividades sexuales, sin que medie ninguna formalización judicial. La policía asume una autoridad moral y paternalista, ejerciendo un poder médico-legal sobre la sexualidad femenina, en un contexto donde los márgenes de lo permitido se definen pragmáticamente, desde la mirada de los agentes y las suposiciones sociales.

Se observa, además, una doble moral institucional, donde la pobreza se castiga con multa, pero las necesidades materiales de la comisaría (desde forraje para los caballos hasta querosén para mantener encendida la luz nocturna) son gestionadas en clave de carencia. La policía es, a la vez, ejecutora del orden y víctima de su precariedad. Pide lo indispensable para operar, denuncia la exposición a enfermedades y solicita colaboración a la intendencia para cumplir órdenes del Departamento General de Policía. Esto revela la fragilidad del aparato estatal en la campaña, que se sostiene menos por su poder estructural que por el capital simbólico y relacional de sus agentes, quienes deben negociar constantemente sus condiciones de existencia.

Finalmente, es posible leer en estos documentos una temprana articulación entre administración, moralidad y domesticación del espacio público. El mismo subcomisario que persigue la prostitución, el escándalo y la ebriedad es quien envía un parte sobre las licencias para los disfraces del carnaval (47 en total, por un valor de $23,50). El carnaval —ritual popular y potencialmente subversivo— es absorbido por la lógica estatal mediante el control económico: se cobra, se contabiliza, se regula. Como sugiere James Scott, el Estado no tolera bien las zonas grises de la autonomía popular y las integra a su racionalidad mediante licencias, impuestos y reglamentaciones. La fiesta, el disfraz y la transgresión momentánea son permitidos sólo si son administrables.

De este modo, la policía de Benito Juárez hacia 1887 no es apenas una oficina armada del Estado, sino una institución microfísica del poder, productora de subjetividades, reproductora de jerarquías, reguladora de lo social y gestora de la precariedad. Su acción se inscribe en una visión de mundo donde el orden no se impone únicamente desde arriba, sino que se va construyendo en los gestos, los oficios, las prevenciones y los silencios que cruzan los caminos polvorientos del naciente pueblo bonaerense.

Como cada sección de esta historia crítica, esta tampoco se cierra. Propone, en cambio, interrogantes que interpelan la naturalización del orden policial en el espacio local: ¿Qué tipo de vínculos entre poder, castigo y escritura inauguran los primeros papeles de la comisaría local? ¿Qué sentidos del "orden" se construyen cuando se persigue al pobre, al ebrio, a la mujer sola, al menor sin familia, y no al propietario violento o al especulador evasivo? ¿A quién protegía la policía de Juárez en sus orígenes y a quiénes disciplinaba con mayor insistencia? ¿Qué cuerpos fueron considerados peligrosos, escandalosos, indeseables? ¿De qué modo los partes policiales y las prácticas de encierro forjaron una pedagogía del miedo que marcó las calles, las casas y los cuerpos? ¿Qué persistencias del control policial decimonónico aún se adivinan en las formas contemporáneas del castigo y la vigilancia en los pueblos? ¿Puede la enseñanza de la historia recuperar estos documentos sin repetir su lógica? ¿Qué pedagogía del archivo y de las memorias subalternas puede hacer visibles los cuerpos y los castigos que el relato oficial dejó fuera?

Porque toda comisaría, incluso la más desactivada, deja marcas. Y a veces, en sus papeles olvidados, en sus calabozos clausurados, resuena una historia del poder que todavía busca quién la escriba.

La temprana instalación de la capilla católica en Benito Juárez debe entenderse como parte de una lógica social que articuló sistemáticamente el templo, la escuela y el municipio. Esta tríada institucional, sostenida en nombre del orden y el progreso, funcionó como andamiaje del proyecto de construcción nacional. La iglesia —y en particular la parroquia católica— no fue un complemento menor en el tejido institucional local, sino una pieza fundacional que participó en la producción de subjetividades, la organización de lo social y la homogeneización cultural del espacio.

Como muestra Di Stefano, durante el período de la Organización Nacional (1862-1880) y el régimen oligárquico (1880-1916), las élites políticas liberales no consideraron al catolicismo un obstáculo, sino un componente indispensable para civilizar y pacificar a una población percibida como dispersa y bárbara^[92]. La parroquia cumplía así la función concreta de atraer y concentrar a los pobladores rurales, generando la ilusión de una vida comunitaria regulada por normas morales compartidas.

En este marco, la presencia eclesiástica en Juárez no debe leerse sólo como respuesta a demandas espirituales, sino como parte de una política de expansión estatal sobre un territorio recientemente ocupado y considerado marginal. Cada bautismo, matrimonio o entierro en la capilla significaba inscribir al individuo en el orden estatal y en la moral católica, legitimando un proyecto de domesticación política y simbólica del espacio.

Este proceso, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. La relación entre Iglesia y Estado, lejos de ser armónica, fue el resultado de una negociación permanente entre el ideal de un "clero nacional" funcional a la soberanía estatal y las pretensiones de autonomía de un clero ultramontano. Las disputas sobre la formación de seminaristas, las subvenciones a instituciones confesionales y las leyes laicas de la década de 1880 reflejan estas fricciones. No obstante, el Estado siguió considerando al clero indispensable para modelar la subjetividad de sus futuros ciudadanos.

En este sentido, la capilla de Juárez fue más que un espacio de culto: fue una institución de poder, mediadora entre el proyecto estatal de moralización social y las prácticas cotidianas de disciplinamiento. Su proximidad con la plaza y la escuela primaria no fue azarosa, sino un gesto de racionalidad arquitectónica y simbólica que nuclearía las coordenadas del orden social. El cura párroco, como el maestro y el comisario, compartía la tarea de educar, vigilar y normativizar.

La iglesia local operó como productora de sentido, definiendo cuáles vidas podían considerarse dignas de ser nombradas y registradas, cuáles uniones eran legítimas, y cuáles cuerpos podían aspirar a una sepultura consagrada. En diálogo y competencia con la escuela pública, la parroquia delineó la moral sexual y familiar de la comunidad, mientras aseguraba la transmisión de valores cristianos que fortalecían el ideal de nación civilizada.

Como señala Di Stefano, incluso en la conflictividad, la Iglesia supo negociar con el Estado, asegurando su presencia en zonas rurales como Juárez, donde se consolidó como estructura de integración social y de control simbólico^[93]. Así, la parroquia se convirtió en una institución de frontera y de integración, alzándose como signo material de la presencia estatal y recordatorio de una moral trascendente que aspiraba a formar conciencias.

Su persistencia en el paisaje juarense —arquitectónica, documental y ritual— constituye testimonio del modo en que la Nación se construyó no solo con leyes, sino también con símbolos, costumbres y espiritualidades, en los registros de lo cotidiano y de lo trascendente.

Ladrillos, cúpulas y relojes: la iglesia como persistencia material y simbólica en el espacio fundacional

La arquitectura como dispositivo

Iglesia de Juárez · exterior

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La torre y el reloj dominan la escala urbana y convierten el templo en referencia territorial.

Ilustración 36 Vista lateral de la iglesia de Juárez, construida en 1889, con su torre campanario y reloj, símbolo arquitectónico del control temporal y la jerarquía espiritual en el centro del pueblo. La iglesia, con su estilo romano bizantino, se erige en el corazón de Juárez como un punto de anclaje simbólico y material, donde la fe y el poder se entrelazan en el tejido urbano.

Frente al verde de la plaza y entre el polvo del tiempo, la iglesia de Juárez se alza en ladrillos, arcos y campanas, inscribiendo en la textura del espacio urbano una marca indeleble de piedra y fe, de control temporal y de jerarquías espirituales.

En el frente, la inscripción "1889" testimonia su emplazamiento en la historia material de la ciudad. A su lado, el reloj inserto en la torre campanario emerge como un artefacto de control simbólico y temporal sobre la comunidad: en cada campanada, cada aguja que avanza, se recuerda al cuerpo social que existe un tiempo sagrado y uno secular, ambos mediados por la presencia vigilante de la iglesia en el centro del espacio fundacional.

El estilo romano bizantino se advierte en la simetría de sus líneas, la robustez de su estructura y la serenidad que se desprende de sus arcos. La torre, con su aguja apuntando al cielo, se erige como un dedo que señala lo alto, a la vez que disciplina lo terrenal. Esta arquitectura, inspirada en las grandes construcciones como Santa Sofía de Estambul, reproduce en Juárez, a pequeña escala, un ideal de centralidad y orden cósmico, articulando poder y trascendencia en el tejido de un pueblo que se consolidaba en la pradera bonaerense.

El uso del ladrillo como material dominante, con su coloración terrosa y su textura, refuerza el anclaje de lo sagrado en la materialidad del territorio pampeano, a la vez que remite a la domesticidad y permanencia que las instituciones eclesiásticas buscan transmitir. A través del ladrillo, se construye una continuidad entre el espacio de la casa y el espacio del templo, entre lo cotidiano y lo trascendental.

En el interior, la nave central con su piso de mosaicos en blanco y negro, sus columnas y sus arcos de medio punto, nos transporta a un espacio que busca imponer silencio y recogimiento. El estilo romano bizantino se refleja en la amplitud de la nave, el juego de luces que ingresan por los vitrales y la reiteración de motivos geométricos, inscribiendo en el caminar del feligrés un ritmo casi ritual que acompaña cada paso hacia el altar.

La arquitectura como dispositivo

Nave central de la iglesia

FormaConductaPoder

Arcos, perspectiva axial y mosaicos conducen el cuerpo y la mirada hacia el altar.

Ilustración 37 Iglesia parroquial de Juárez (F.C.S.) detalle de la nave central de la iglesia, con su piso de mosaicos y arcos de medio punto, espacio diseñado para imponer recogimiento y ordenar el tiempo ritual de la comunidad.

Este diseño no es neutro: su monumentalidad produce un efecto de reducción del individuo frente a la autoridad de lo sagrado, educando la percepción y el cuerpo en el gesto de la reverencia. La iglesia se convierte así en una pedagogía espacial del poder, donde la altura de la torre y la verticalidad del campanario marcan una jerarquía simbólica que se refleja en las relaciones sociales de la comunidad.

El reloj en el frente, además de marcar las horas, constituye un artefacto de gubernamentalidad: estructura el tiempo de trabajo, de descanso y de oración; indica cuándo comienzan y terminan las jornadas, inscribiendo la cotidianeidad de la comunidad en un tiempo compartido y regulado desde el edificio religioso. Así, la iglesia no solo marca el calendario litúrgico, sino que interviene en la administración de los ritmos sociales y económicos de la vida local.

La iglesia, en tanto institución y edificio, se constituye en un eje articulador de la plaza fundacional, dialogando con la escuela y la municipalidad, y completando el triángulo de poder que estructura el espacio simbólico del pueblo: Estado, educación y religión. Este trípode configura el campo de fuerzas de la modernidad periférica en la provincia de Buenos Aires, reproduciendo a escala local la matriz civilizatoria que pretendía gobernar los cuerpos y las almas de la población.

La arquitectura como dispositivo

Iglesia y palacio municipal · 1915

FormaConductaPoder

Plaza, iglesia y municipalidad forman un conjunto visual antes que edificios aislados.

Ilustración 38 La postal de 1915 muestra la iglesia y el palacio municipal de Juárez como símbolos conjuntos de orden, control y progreso. Más que un templo, la iglesia funciona como un dispositivo de poder que organiza el espacio, el tiempo y la moralidad del pueblo. Sus ladrillos, campanas y reloj inscriben en el territorio la pretensión de trascendencia y disciplina que marcó la fundación del pueblo, mientras plantean interrogantes sobre las vidas invisibilizadas, las jerarquías sociales y las tensiones entre moral eclesial y prácticas rurales.

La postal de 1915, donde la iglesia se muestra junto al palacio municipal, cristaliza esta voluntad de orden y progreso, de control y disciplina, en un mismo espacio visual que ofrece a los habitantes de Juárez la imagen de un pueblo organizado, vigilado y en camino hacia un ideal de civilización. La iglesia en este paisaje no es una simple estructura de culto, sino un dispositivo de poder que ordena el espacio y el tiempo, la moralidad y el comportamiento, la fe y la política.

En esta arquitectura se entretejen los hilos de la historia: los ladrillos portan la memoria de las manos que los colocaron; las campanas, los ecos de las celebraciones y de las vigilias; el reloj, el latido de un tiempo que se impone, se organiza y se hace visible en cada mirada que se alza hacia él.

Con la iglesia de Juárez, el capítulo X de esta historia crítica se detiene para observar cómo el espacio se convierte en una pedagogía silenciosa de poder, donde cada ladrillo, cada arco, cada campanada y cada aguja del reloj inscriben en la materialidad del territorio la pretensión de trascendencia, orden y control que acompañó a la fundación y consolidación del pueblo.

Como cada sección de esta historia crítica, esta tampoco se cierra. Propone, en cambio, interrogantes que interpelan la naturalización del dispositivo eclesial en el espacio local: ¿Qué vidas fueron inscriptas y cuáles quedaron en los márgenes del registro parroquial? ¿Cómo operó la Iglesia como espacio de reproducción de jerarquías sociales, de género y de moral sexual? ¿Qué conflictos, resistencias o silencios se escondieron bajo la supuesta unanimidad del credo católico en el pueblo? ¿Qué tensiones se abrieron entre la moral eclesial y las prácticas cotidianas en el mundo rural? ¿Cómo persistieron las campanas, los rituales y la arquitectura en la memoria material y simbólica de la comunidad?

Porque toda iglesia, incluso la más silenciosa, habla. Y a veces, en sus campanadas más apagadas, resuena la voz de una historia que aún espera ser contada.

Frente a la plaza, en la cuadrícula que José María Muñiz trazó en 1874, se levanta un edificio que no es solamente una construcción administrativa: el palacio municipal de Benito Juárez constituye una inscripción material del poder, un artefacto de organización del espacio y del tiempo, y un testimonio de la proyección estatal sobre un territorio que hasta hacía poco se encontraba sometido a la incertidumbre de la frontera. Allí donde la cuadrícula había prometido un orden abstracto, el palacio municipal concretó su densidad material, fijando en piedra, cal y hierro la autoridad del Estado y las élites locales sobre los y las habitantes del partido.

La arquitectura como dispositivo

Palacio municipal

FormaConductaPoder

La simetría, el eje central y la ornamentación monumental materializan estabilidad y jerarquía.

Ilustración 39 La fachada simétrica y monumental del palacio municipal de Benito Juárez, obra de Pedro Benoit padre y su hijo, expresa la materialización del poder estatal y del orden capitalista en el espacio urbano. Este edificio no solo alberga la administración pública, sino que funciona como un dispositivo de autoridad que disciplina el territorio y enseña, a través de su arquitectura, las formas de ciudadanía moderna y el respeto a la legalidad.

La construcción de este edificio, diseñada por Pedro Benoit padre y realizada por su hijo Pedro Juan Benoit, se enmarca en una genealogía de arquitecturas que, a lo largo de la provincia de Buenos Aires, acompañaron la consolidación del orden estatal y del capitalismo agrario. La familia Benoit, integrada por ingenieros, agrimensores y arquitectos, puede ser comprendida como una verdadera "constructora de ciudades", cuyo accionar técnico estuvo vinculado con la instalación de una modernidad disciplinaria e higienista. No se trata únicamente de levantar edificios o trazar calles, sino de establecer un dispositivo que ordena las conductas, disciplina los cuerpos y modela las subjetividades bajo la forma de la ciudadanía moderna.

El palacio municipal de Juárez se inscribe en un estilo ecléctico-academicista con influencias Beaux-Arts, caracterizado por la simetría rigurosa de su fachada, el remate curvo del cuerpo central, las columnas de orden clásico en la entrada principal y las balconadas con balaustradas que miran hacia la plaza. Estos elementos no son meras decoraciones, sino signos de un lenguaje de autoridad y monumentalidad que buscaba, a través de la arquitectura, legitimar un poder político y social en territorios en proceso de incorporación al circuito del capital y del Estado. La arquitectura se convierte, así, en discurso: un discurso de orden, de progreso, de racionalización del espacio y de jerarquización de las relaciones sociales.

La relación entre la plaza y el palacio municipal resulta, en este sentido, inseparable. Si la plaza constituye el aula abierta donde se escenifican los rituales de la comunidad —el izamiento de la bandera, los actos patrióticos, los desfiles escolares, el descanso dominical—, el palacio municipal se erige como el símbolo de la autoridad que regula esos rituales. La proximidad entre ambos espacios construye un escenario de pedagogía cívica, donde los y las habitantes del partido aprenden las formas de la ciudadanía bajo la mirada vigilante de las instituciones.

El aporte de Pedro Benoit padre y de su hijo a la construcción de este edificio y de la iglesia de Juárez se inscribe en una trayectoria que, como se ha documentado, abarca el trazado de ciudades enteras, la fundación de La Plata, la construcción de iglesias y escuelas, la realización de obras de infraestructura sanitaria y de fortificación, y la colaboración en proyectos de urbanización racionalista en sintonía con las ideas higienistas de la época. La figura de Benoit padre, comprometido con el proyecto modernizador de Dardo Rocha, y profundamente vinculado con la masonería, permite comprender cómo los ideales de república, libertad y progreso se articularon con la práctica concreta de trazar calles, diseñar edificios y edificar monumentos.

La materialidad del edificio refuerza su función simbólica. Su estructura portante de mampostería de ladrillo, combinada con un revoque símil piedra París en exteriores, otorga solidez y prestigio a la sede del gobierno local. Las escalinatas de mármol en el acceso principal marcan un umbral jerárquico hacia el interior, donde carpinterías de cedro en puertas y ventanas, junto con rejas de hierro forjado en balcones, consolidan una estética de orden y distinción. El edificio cuenta con un techo de chapa de zinc a dos aguas, disimulado tras el parapeto superior, y detalles de ornamentación de yeso en cornisas y fachada que completan su impronta academicista.

La distribución funcional responde a su carácter institucional: la planta baja alberga despachos administrativos, archivo, mesa de entradas y sala de espera, mientras que la planta alta se destina al salón de sesiones del Concejo Deliberante, oficinas de secretarías y despacho del intendente, articulados por galerías y pasillos amplios iluminados por ventanales. El remate central con arco de medio punto simboliza la entrada de la luz y la razón al espacio de la administración pública, mientras que la simetría y la monumentalidad de la fachada expresan la autoridad y estabilidad del Estado. Las columnas de orden clásico evocan los valores de república y legalidad, y los balcones con balaustradas retoman una tradición arquitectónica europea que asocia visualmente la arquitectura del poder con la civilidad y la vigilancia.

En este marco, el palacio municipal de Benito Juárez no puede ser leído como un edificio aislado, sino como un nodo dentro de una red de proyectos que acompañaron la transformación del espacio pampeano en espacio capitalista, regularizado y vigilado. Su arquitectura no es una respuesta neutral a las "necesidades de la comunidad", sino una forma material del poder, una pedagogía visual y espacial que enseña a los y las habitantes a caminar, a circular, a reunirse y a comportarse bajo la vigilancia de la autoridad estatal.

Así como la plaza se opone al descampado, el palacio municipal se opone a la informalidad de los ranchos y a la fluidez de los caminos de tierra. Es la institucionalización del orden bajo la forma de piedra y revoque, una presencia monumental que fija las coordenadas de lo legal y de lo ilegítimo, de lo permitido y de lo prohibido. Frente a ella, cada acto cívico se convierte en un acto de reconocimiento de la autoridad, cada paso en la plaza se transforma en un aprendizaje de la disciplina, y cada mirada se encuentra encuadrada en la simetría de la cuadrícula y en la fachada monumental que remite a una idea de progreso.

En definitiva, el palacio municipal de Benito Juárez, construido bajo las ideas y la dirección de los Benoit, se inscribe como un capítulo central en la historia crítica de la fundación del partido. Es testimonio de la manera en que el Estado, las élites y el capital inscribieron su proyecto de modernidad en el territorio, disciplinando el espacio y el tiempo de los y las habitantes, y convirtiendo la plaza y sus instituciones en un escenario pedagógico donde el orden se naturaliza bajo la forma de la arquitectura.

Este apartado invita a interrogar la naturalización del dispositivo municipal en la vida local. ¿Qué sujetos fueron incluidos y cuáles quedaron al margen en el trazado de la cuadrícula y en los registros de la administración? ¿Cómo operó el palacio municipal como espacio de clasificación, jerarquización y control sobre las vidas de los y las habitantes del partido? ¿Qué resistencias, conflictos o tensiones emergieron bajo la apariencia de neutralidad de la administración pública? ¿Cómo se articularon las decisiones tomadas en sus despachos con los intereses de las élites agrarias y los proyectos de expansión capitalista sobre el territorio? ¿De qué modo la monumentalidad de su arquitectura y su emplazamiento frente a la plaza contribuyeron a forjar una pedagogía del orden y de la disciplina? ¿Cómo persisten hoy sus escalinatas, sus salones y su fachada en la memoria material y simbólica de la comunidad, como testigos de un proyecto de modernidad que se inscribió en piedra, cal y hierro en el corazón del pueblo?