Tiempos lineales y espacios medidos

La traza urbana como forma de valorización del capital

"La construcción de nuevas concepciones mentales y prácticas materiales dominantes respecto al espacio y al tiempo fueron fundamentales para el ascenso del capitalismo."^[55]

— David Harvey, Justicia, naturaleza y geografía de la diferencia

En 1874, apenas siete años después de la fundación administrativa del Partido de Benito Juárez, se establece formalmente la traza del pueblo cabecera, inscribiendo en el suelo las líneas rectas del ejido urbano. El plano, con su cuadrícula de manzanas y su nomenclatura racional, marcaba mucho más que una delimitación espacial: representaba una nueva forma de organizar el mundo. Allí donde antes se desplegaban caminos abiertos, casas diseminadas, huellas informales y ritmos desiguales, ahora surgía un dispositivo técnico, jurídico y simbólico que ordenaba el espacio en función de la propiedad, el tránsito, el control y la acumulación.

Este capítulo parte de una hipótesis central: la traza urbana no es un simple proyecto de urbanización, sino una forma concreta de realización del capital. En otras palabras, el plano del pueblo no es ajeno a la lógica que fundó la estancia, al salario que jerarquizó tareas o al tintero que firmó escrituras: es su extensión territorial, su expresión espacial. Como ha explicado Harvey, retomando a Marx, el capital necesita producir un espacio homogéneo, con vías de circulación predecibles, tiempos sociales regulados y sujetos inscritos en una grilla normada. Sólo así puede asegurarse la valorización del suelo, la previsibilidad del intercambio, la legalidad de la transacción^[56].

La fundación del Pueblo de Juárez, leída en esta clave, permite observar cómo el poder del capital no solo se expresa en la producción rural o en la explotación del trabajo asalariado, sino también en el diseño urbano, en la nomenclatura de las calles, en la jerarquía de los lotes, en la asignación de funciones a cada manzana: habitar, comerciar, rezar, castigar.

El ejido urbano, entonces, no surge como respuesta a una necesidad espontánea de los pobladores. Es, más bien, una decisión estratégica del Estado y de las elites locales para consolidar un orden espacial funcional a los intereses económicos y políticos que estructuraron la campaña bonaerense. Este capítulo abordará esa operación territorial en sus múltiples dimensiones: como política de Estado, como reorganización simbólica del desierto, como reordenamiento de la experiencia y como forma de gobierno de los cuerpos.

Porque trazar un pueblo no es sólo dibujar calles: es escribir un nuevo lenguaje sobre la tierra. Y toda lengua, cuando se impone, borra otras.

Laboratorio cartográfico

Traza del pueblo · 1874

ConjuntoCentroLotesHuellas

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La cuadrícula cubre el territorio y vuelve comparables superficies antes heterogéneas.

Ilustración 17 ‘El plano de la traza de Juárez de 1874 convierte el suelo en cuadrícula y mercancía, imponiendo un orden geométrico que anticipa la valorización capitalista del espacio, al tiempo que borra las huellas de la vida rural y las geografías sociales preexistentes.

El plano de la Traza del Pueblo de Juárez, fechado en 1874, no solo registra una operación topográfica. Es, ante todo, una herramienta de normalización del espacio, una forma gráfica de proyectar un orden que no surge de la vida rural previa, sino que le es impuesto desde el poder estatal en alianza con los intereses agrarios y comerciales de la región.

Lo primero que salta a la vista es la retícula regular de manzanas perfectamente cuadradas, dispuestas con simetría cartesiana. Esta cuadrícula responde al modelo colonial hispano adaptado a la lógica moderna del loteo capitalista: el suelo se transforma en módulo, la tierra en propiedad divisible y vendible. Cada manzana es potencial valor de cambio, y en conjunto, el trazado es la condición de posibilidad para una futura valorización del suelo. Es decir, el plano produce el espacio que luego será mercantilizado.

Nada en esta traza remite al uso real del suelo por parte de los habitantes originarios, ni a la experiencia de los gauchos, peones o pequeños productores previos. Las lagunas, los cursos de agua y los accidentes naturales están apenas señalados como obstáculos a vencer, y no como elementos que modelaban la vida cotidiana. Este plano borra la topografía social y simbólica preexistente para imponer una lógica geométrica.

Como advierte David Harvey, el capital requiere un "espacio abstracto", homogéneo, intercambiable, despojado de singularidades, sobre el que se pueda planificar, medir, dividir y vender^[57]. En esta traza, el espacio pierde historia y se convierte en superficie neutral: el mapa precede a la ciudad, la lógica mercantil precede a los cuerpos. El ejido urbano es así una forma de anticipación territorial del capital.

Otro elemento a destacar es la presencia de una zona central coloreada en rojo (núcleo urbano inmediato), rodeada por un anillo verde (posible zona de quintas o primer cinturón productivo), y más allá, el loteo extensivo. Esta zonificación progresiva expresa una jerarquía funcional y simbólica:

En el centro se instalarán las instituciones del Estado, la plaza, la iglesia, la comisaría, la escuela y los comercios principales. Es decir, los aparatos de control, socialización y disciplinamiento.

En la periferia inmediata, las funciones productivas semiurbanas: huertas, quintas, tambos.

Más allá, el campo, ordenado en parcelas numeradas, disponibles para la venta o el arrendamiento.

La estructura espacial impuesta reproduce la jerarquía social esperada: los "notables" en el centro, los trabajadores en los márgenes, los indeseables fuera del plano. El plano no solo ordena calles: ordena cuerpos y relaciones sociales.

Nombres, escrituras y el poder de nombrar

Otro aspecto clave es la inscripción de nombres en los bordes del plano: Martín Iraola, Ventura Valls, Felipe y Agustín Vela. Esto indica los propietarios del entorno al momento del trazado, en una época en la que el acceso a la tierra era prerrogativa de los grandes estancieros. El plano consagra así la alianza entre Estado y propiedad privada, y lo hace de forma aparentemente neutral, técnica, científica.

Pero como bien sabemos, nombrar es dominar. Nombrar el suelo, trazarlo, dividirlo y numerarlo es apropiarlo desde el discurso del poder. Como afirmaba Foucault, el conocimiento técnico no es neutral: es parte del dispositivo de gobierno^[58]. Y en este plano, lo que aparece como saber cartográfico es en verdad un acto de ordenamiento político.

En esta lógica de poder que vincula el acto de trazar con el de nombrar, no resulta menor que el 27 de enero de 1879, bajo la presidencia municipal de Genaro Iranzo, se haya procedido a otorgar nombre a las calles y plazas del naciente pueblo. El listado es revelador: de norte a sur, las calles se denominaron América, Las Piedras, Suipacha, Moreno, Rivadavia, Lavalle, San Martín, Independencia, Belgrano, Ituzaingó, General Paz, Río Bamba y República; de este a oeste: Buenos Aires, Maipú, Chacabuco, Alsina, Otamendi, Juárez, San Antonio de Iraola y Los Andes. En cuanto a las plazas, se nombraron Los Andes, República, Buenos Aires y América, sumándose a la ya existente Plaza Independencia.

Este gesto de nombrar no es inocuo ni anecdótico: es el acto mediante el cual el Estado municipal imprime en el espacio una narrativa de nación y de historia oficial. Los nombres invocan batallas patrias, próceres y símbolos de la república, consolidando en cada intersección la pedagogía urbana de un orden nacional-liberal que pretende educar, disciplinar y legitimar la posesión estatal y capitalista del espacio. Como señala Lefebvre, el espacio urbano no solo se produce materialmente sino que se inscribe simbólicamente, y en cada placa de esquina se condensa el esfuerzo de convertir un territorio plural en un espacio unívoco y nacional^[59].

Nombrar las calles es, en definitiva, una extensión del trazo y de la parcelación: cada nombre, cada cartel, cada plano actualizado en el catastro municipal, prolonga la acción fundacional y la transforma en pedagogía cotidiana. Los habitantes recorren día a día este espacio narrado por el Estado, recordando en cada paso que la ciudad no es solo un lugar de vida, sino también un dispositivo de control y de memoria oficial.

Los documentos municipales que registran este proceso —actas, intercambios con el gobierno provincial, debates sobre el terreno— permiten leer la fundación del pueblo no como un dato, sino como una lucha. En su centro aparece la figura de Mariano Roldán, quien ya no actúa solo como juez de paz o propietario estanciero, sino como mediador entre el Estado y el territorio, como agente articulador de una racionalidad política y productiva que busca cristalizarse en forma urbana.

En 1869, el partido de Juárez no superaba los 2.000 habitantes. Las cuentas municipales reflejan un equilibrio precario: traslados de presos, cartas a la frontera, infracciones de abigeato, pagos a chasques. Es un orden que todavía funciona por mecanismos de frontera, rurales, dispersos, más ligados a la urgencia que a la planificación. Pero ya se vislumbra la necesidad de un centro: un lugar para asentar autoridad, concentrar funciones administrativas, codificar los intercambios, registrar los nacimientos, las muertes, las propiedades.

La creación del Pueblo de Juárez no fue un acto técnico neutral ni un proceso espontáneo guiado por la racionalidad administrativa. Fue, por el contrario, el resultado de una disputa prolongada entre distintas racionalidades de organización territorial, de intereses políticos, tensiones entre el Estado provincial y las autoridades locales, y entre saberes técnicos y vínculos comunitarios. La figura de Mariano Roldán, en este punto, resulta clave no sólo como fundador del partido, sino como mediador entre el poder central y los habitantes de la frontera, entre la lógica del plano y la vida concreta.

Los documentos revelan que ya en 1869 existía entre los vecinos una "idea acariciada" con entusiasmo: fundar un pueblo cabecera que sirviera de asiento a las autoridades y diera cohesión al territorio disperso. El crecimiento de la población, el incremento de actividades comerciales y la necesidad de contar con instituciones permanentes lo hacían imprescindible. Sin embargo, el espacio aún estaba cruzado por inestabilidad fronteriza, comunicaciones precarias y formas de vida rurales descentralizadas.

La propuesta inicial de ubicar el pueblo en cercanías de la Sierra La Tinta fue rechazada por razones técnicas: la dificultad del acceso al agua y la inconveniencia para la futura instalación de la vía férrea. El Departamento Topográfico —órgano técnico del Estado provincial— impuso su racionalidad sobre las decisiones comunitarias, desconociendo los vínculos afectivos y económicos que los vecinos tenían con determinados parajes. Esto generó un fuerte malestar en Roldán, que culminó en su renuncia a la presidencia de la Comisión Municipal en 1870.

La negativa del gobierno a aceptar el lote Nº 62 (Ignacio Lara) como lugar de asentamiento muestra con claridad que la elección del sitio para un pueblo no era una decisión local, sino una operación política sobre el territorio. El Estado, a través del Departamento Topográfico, se reservaba el derecho de determinar qué espacio era apto para el pueblo, sobre la base de criterios técnicos y estratégicos, que respondían a lógicas de control y valorización futura. La opinión de los vecinos era relevante, pero no soberana. En este gesto se revela lo que David Harvey señala con claridad: "el capital necesita producir un espacio homogéneo", incluso contra la voluntad local, para garantizar su reproducción.

Roldán insistió en ser parte del proceso, incluso tras su renuncia, participando activamente en la selección del nuevo terreno. El 4 de septiembre de 1870, junto con vecinos caracterizados, recorrieron y excavaron los terrenos propuestos con pala en mano. Finalmente eligieron, por unanimidad, el paraje San José de Iraola, zona en la que previamente había existido un cantón militar, y que ofrecía mejores condiciones de agua y accesibilidad.

Este acto, aparentemente anecdótico, condensa una forma distinta de conocer y organizar el espacio. A diferencia de la lógica del plano —geométrica, distante, numérica—, aquí el territorio se decide con el cuerpo, con el conocimiento práctico, con el juicio colectivo. Es, si se quiere, la "cencia" de los pobladores frente a la ciencia del agrimensor. No es casual que Roldán, que ya había sido militar, juez de paz y estanciero, se entregue con tal determinación a esta causa: para él, la fundación del pueblo era también una forma de consolidar el legado político del partido.

La fecha oficial de fundación del pueblo —26 de marzo de 1874— no refleja un hito aislado, sino el punto culminante de un proceso tenso, intermitente y cargado de resistencias. Entre 1871 y 1874, las dilaciones en el arribo del agrimensor José M. Muñiz, el malestar vecinal y la presión constante de los representantes locales dan cuenta de un ejercicio político sostenido de disputa territorial.

El plano de Muñiz no aparece, entonces, como la solución técnica a un problema logístico. Es, más bien, el cierre estatal de una controversia abierta. Cuando finalmente se aprueba el trazado, se homologa también una forma específica de ver, dividir y administrar el suelo. Se consagra un orden: el de las parcelas medidas, numeradas y vendibles; el de las calles con nombre y destino funcional; el de una ciudad planificada no desde la vida que la habita, sino desde los intereses que la gestionan.

El Plano del Ejido de Juárez puede ser leído como testimonio material de la racionalización capitalista del espacio, en un contexto donde la valorización de la tierra y el disciplinamiento de las poblaciones se convirtieron en necesidades estatales urgentes. La "neutralidad" del diseño geométrico oculta el conflicto: no hay trazos del pasado indígena, ni de las tensiones políticas locales, ni de los vínculos afectivos con el territorio. Solo hay medidas, nombres, límites. En términos de David Harvey^[60], se trata de una espacialización que responde a los imperativos de la acumulación, a la necesidad de una circulación fluida del capital —en este caso, el inmobiliario y agropecuario— y a la proyección futura de una economía de propietarios.

Laboratorio cartográfico

Ejido de Juárez · 1873

ConjuntoNombresBordes

01

El plano delimita el ejido como una superficie administrable y separada de las propiedades circundantes.

Ilustración 18 La incorporación del Plano Nº 1 del Ejido de Juárez, realizado por el agrimensor José María Muñiz en 1873, ofrece una oportunidad invaluable para interpretar visual y conceptualmente la forma en que el capitalismo emergente organizó material y simbólicamente el espacio en el sudoeste bonaerense durante el último tercio del siglo XIX.

Laboratorio cartográfico

Partido de Juárez · 1890

ConjuntoPropiedadPuebloCaminos

01

El partido aparece como mosaico de propiedades, caminos, cursos de agua y nomenclaturas.

Ilustración 19 Plano topográfico del Partido de Juárez (1890) Aporte de la Gerencia General de Catastro y Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, a través de la gestión de la Arq. Ana Julia Belocchio de la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Benito Juárez.

Como plantea David Harvey en su lectura histórica del capitalismo, el proceso de acumulación requiere —para concretarse eficazmente— de la homogeneización del espacio y la estandarización del tiempo. Esta premisa se hace tangible en la forma y contenido del plano del ejido. La grilla matemática, las parcelas delimitadas, los nombres adjudicados a propietarios (Vela, Valls, Iraola, Lastra, Udaquiola, etc.) y la ubicación central de "chacras, quintas y manzanas" muestran cómo el trazado no solo mide y ordena: también jerarquiza, privatiza y mercantiliza.

El espacio ya no aparece como continuidad del paisaje vivido, sino como superficie abstracta, geometrizable, cuantificable y, por lo tanto, intercambiable. Se realiza así lo que Harvey llama una "matriz cartesiana" del espacio, que sirve a los fines de la valorización capitalista: hacer de cada fragmento una unidad medible de propiedad, susceptible de ser vendida, hipotecada, registrada o confiscada. No es casual que esto ocurra en el mismo momento histórico en que se definen catastros, registros de propiedad y se expande el aparato jurídico-estatal hacia zonas anteriormente fronterizas.

Para Jaques Le Goff^[61]la transición del feudalismo al capitalismo fue también una revolución en la experiencia del espacio y el tiempo. En el plano del ejido de Juárez observamos esa transición en su etapa de consolidación local. Lo que era antes frontera indeterminada —zona de tolderías, fortines, estancias dispersas y movilidad relativa— se transforma en una retícula regular, donde cada lote puede ser intervenido, explotado, y controlado desde una lógica centralizada. La representación misma del plano —su escala, su orientación, su registro técnico— responde a una forma moderna de ver el mundo: ver es controlar; medir es poseer.

El plano no representa solo la geografía física, sino también la instauración de una nueva legalidad, donde el espacio entra al lenguaje estatal. A partir de él, cada parcela puede ser reclamada, defendida judicialmente, transferida. En otras palabras, este plano convierte el espacio en mercancía: el ejido es el dispositivo que traduce el territorio en propiedad privada o estatal, operando una disolución de memorias comunitarias, prácticas indígenas o formas de apropiación anteriores.

En sintonía con los desarrollos de David Harvey sobre la "destrucción creativa"^[62], este plano puede leerse como el acta de defunción de un orden espacial anterior. Si el trazado del pueblo de Juárez en 1874 simbolizaba el asentamiento definitivo de la institucionalidad estatal y la mercantilización del suelo, el ejido consolida ese proceso a través de una lógica expansiva y regulada. No sólo delimita un núcleo urbano, sino que proyecta la ciudad hacia sus alrededores bajo la forma de quintas, chacras y futuras subdivisiones. Aquí la grilla ya no se detiene en los límites del casco urbano: se extiende a lo rural, lo coloniza, lo normativiza.

Como indica David Harvey, el capitalismo necesita destruir anteriores formas de vida para establecer su dominio, y lo hace reconfigurando las coordenadas espaciales: allí donde antes existía un pozo de agua comunitario, un camino de huella o un mojón de pastoreo, ahora habrá una calle numerada, una manzana fraccionada, un título de propiedad. El mapa borra historias, pero también crea posibilidades nuevas, funcionales al capital.

Desde la perspectiva foucaultiana que David Harvey también incorpora en su crítica geográfica, el plano del ejido no solo representa un modo de organizar el suelo: es un artefacto de gobierno. Como en los hospitales, escuelas, cuarteles o fábricas, el espacio se vuelve inteligible y gobernable solo cuando es visible, dividido, clasificado. Así, el ejido es parte de lo que Foucault llamó "tecnologías de poder": una forma específica de administrar poblaciones a través del ordenamiento del espacio. Se delimita quién vive dónde, qué uso se le da a cada parcela, por qué vía circulará la gente y qué zona se reserva para la producción o la residencia.

Esto no es inocente. Como ya se ha visto con los planos de las estancias (el ‘Sol Argentino’ y sus tres avenidas, todas ellas con nombres cargados de sentido: Bartolomé Mitre, Ignacio Rivas y 25 de Mayo) y del propio trazado urbano, el diseño del espacio anticipa y reproduce relaciones de poder. Las quintas, chacras y manzanas del ejido de Juárez no están orientadas al uso comunal ni al poblamiento espontáneo, sino al fraccionamiento del suelo para la inversión, la especulación y el control. El acceso a la tierra queda limitado por la inscripción previa en catastros, por el precio, por la legalidad. Así, el ejido impone un nuevo régimen de territorialidad: el de la propiedad y la vigilancia.

Incluso los nombres que figuran en el plano —los propietarios linderos, los límites con estancias vecinas y la indicación de chacras y quintas— permiten leer un mapa de clase. Allí donde antes podían existir tierras fiscales, ranchos dispersos, recorridos abiertos o zonas de uso múltiple, aparecen espacios específicos, funciones determinadas y habitantes autorizados. La espacialización se convierte en estratificación. El plano de Muñiz de 1873 expresa una pretensión moderna de totalidad: procura cubrir el territorio con líneas rectas, superficies comparables y unidades previsibles. Esa capacidad técnica constituye un documento de cultura y, al mismo tiempo, de barbarie. El plano vuelve visible el orden de los propietarios, pero no registra a las personas expulsadas, desplazadas o privadas de acceso. Tampoco representa las formas de vida que la cuadrícula subordinó. La frase de Benjamin no autoriza a deducir esas experiencias únicamente a partir del mapa; exige contrastar sus silencios con otras fuentes capaces de documentarlas.^[63]

A partir del plano, el Estado puede vender tierras, otorgar títulos de propiedad, organizar impuestos, recaudar tasas, controlar la residencia, regular los mercados.

El ejido es, entonces, una plataforma logística para la gubernamentalidad, entendida como el conjunto de estrategias que permiten gobernar territorios, cuerpos y recursos en función de los fines del capital. Al mismo tiempo, es un punto de inflexión para el propio Partido de Juárez: a partir de aquí, ya no es solo un espacio habitado o administrado, sino también un lugar valorizado, representado y normalizado.

Este análisis de la Traza del Pueblo de Benito Juárez y del plano del Ejido de Juárez no busca reducirlos a una mera herramienta técnica, sino abrirlos como documentos densos, cargados de historia, conflicto y proyección. Leídos junto a los aportes de Harvey, estos mapas y planos nos recuerdan que:

El espacio es una producción social e histórica.

La cartografía es una forma de poder, no de transparencia.

La grilla es una técnica de orden, pero también de exclusión.

La propiedad privada, la planificación urbana y la lógica capitalista no fueron procesos naturales, sino construcciones contingentes, disputadas y todavía hoy debatidas.

Cerrar esta sección del capítulo XII sobre la traza del pueblo de Juárez permite, además, interrogar los límites de la memoria histórica local. ¿Cuántos de quienes hoy habitan Juárez conocen la historia de ese mapa? ¿Qué memorias quedaron fuera del trazado? ¿Qué otras formas de habitar se perdieron en ese gesto de ordenamiento?